Las grandes emisoras de radio y televisiones privadas rechazan los cambios que proponen algunas enmiendas incorporadas en el Congreso al proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Consideran que fortalecen “la posición de dominio” de las entidades de gestión como la SGAE, AIE, o AGEDI frente a los usuarios, favorecen los intereses de las discográficas multinacionales y provoca una nueva desarmonización legislativa. Lo ha explicado Rosario G. Gómez desde El País.
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) y la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) difundieron ayer un comunicado en el que manifestaron “alarma por la inseguridad jurídica y los perjuicios que generan los cambios que se proponen”. Estas entidades reúnen a la práctica totalidad de las emisoras de radio comercial y a las principales cadenas privadas de televisión, entre otras, la SER, Onda Cero, COPE, y Mediaset y Atresmedia.
Según el acuerdo vigente, los operadores no pagan por el uso que hacen de los contenidos representados por las entidades, sino que abonan una especie de tarifa plana, un porcentaje de sus ingresos, que les permite acceder a todo el catálogo. Sin embargo, las cadenas defienden desde hace años que se abone en función del uso efectivo del valor que aportan a los usuarios. Además, consideran que las tarifas que se pagan están sobredimensionadas y denuncian que en los últimos años algunas han subido hasta un 150%.
En ese tira y afloja, el organismo encargado de arbitrar las diferencias y fijar las tarifas en caso de conflicto es la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI). Su equilibrio se podría romper si, como establecen las enmiendas, se incorpora un nuevo consejero, explican fuentes del sector. La enmienda 44, acordada por PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, dice: “En los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, […]el Ministerio de Cultura y Deporte nombrará mediante orden un quinto vocal” de la SPCPI. Otra de las enmiendas polémicas, también pactada por los cuatro grandes grupos parlamentarios, propone que, en caso de desacuerdo entre emisoras y televisiones y derechos de gestión a la hora de fijar los precios, deberán abonar el 70% de la tarifa impuesta antes de que se resuelva en conflicto. El pago será condición imprescindible para poder recurrir. En caso de desacuerdo, “deberá, al menos y en todo caso, pagar a cuenta el 70% de la misma”, dice la enmienda. Además, las enmiendas permitirán a las entidades la facultad de subir de forma unilateral los precios perdiendo la oportunidad de transparencia, se quejan los operadores.
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