Maspalomas24h.com publica que las autoridades judiciales han pedido penas de más de tres años de prisión en caso de que no se ejecute el pago de sanciones por el traspaso, entre otros, de la licencia de FM de Radio Maspalomas sin permiso del dueño de la concesión, es decir, el Gobierno de Canarias. La Fiscalía ha denunciado la existencia de alzamiento de bienes y pide se declare la nulidad de la transmisión de las licencias de de FM (95 mhz) y San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas 95.3 mhz) de la que es titular Radio Las Palmas.
En la acusación de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Maspalomas24H, se señala que el 30 de junio de 2015 se dictó por el Juzgado de Primera Instancia 8 de La Palmas, en el seno del procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales, derivado de un proceso monitorio requiriendo de pago a la entidad EAJ-50 Radio Las Palmas cuyo administrador es el encausado, y sin antecedentes penales, que como parte ejecutada fue condenada al pago a la entidad mercantil Prima Gran Canaria la cantidad de 923.447 euros sin que fuese abonada.
El día 28 de febrero de 2018 se publicó en el BOC el decreto 18/2018 por el que se autorizaba la transmisión de las licencias de FM de Las Palmas y Maspalomas de la que es titular EAJ-50 Radio Las Palmas en favor de Inolvidable FM, S.L, creada en 2016 cuyo administrador es el encausado JFS mayor de edad, y sin antecedentes penales. Así que las dos licencias o concesiones administrativas transmitidas por la entidad Radio Las Palmas y que constituían el patrimonio de la citada entidad ejecutada.
«Los encausados, puestos de común acuerdo actuaron con la finalidad de perjudicar el derecho al cobro del citado crédito al desprenderse la mercantil EAJ-50 Radio Las Palmas de las citadas licencias, solicitando el 4 de octubre de 2017 a la Presidencia de Gobierno de Canarias la autorización para transmitir las mismas junto con otros activos, a favor de Inolvidable FM, no pudiendo así atender al pago de esa deuda ya judicializada, lo que llevó a declarar el Concurso de la misma por Auto de 4 de abril de 2018, frustrando así la legítima expectativa de cobro de la entidad Prima Gran Canaria».
Para la Fiscalía, los hechos narrados son constitutivos de un «delito de alzamiento de bienes» y pide a los denunciados las penas de 3 años y seis meses de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 15 euros con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
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