Nadie sabe en Radio Televisión Canaria cómo evitar que el 1 de julio próximo la televisión pública se vaya a negro. Ni siquiera cómo garantizar que el transporte de la señal para ese medio y para la radio se pueda mantener mucho más tiempo, toda vez que, tres meses después de haber sido adjudicado por la vía de urgencia el concurso correspondiente, lo mantiene vetado la Intervención General de la Comunidad Autónoma por defectos de fondo que, de momento, parecen insubsanables.
Santiago Negrín, el presidente del ente, es incapaz siquiera de conseguir que el Gobierno le designe de entre los funcionarios de la Comunidad Autónoma un secretario o secretaria que permita constituir el consejo rector desde el que, previa transformación en junta general de accionistas de Televisión Pública de Canarias, SA (TVPC, SA), emitir el informe preceptivo pero no vinculante para adjudicar el concurso de informativos que acaba de ganar de manera inesperada el actual contratista, Videoreport Canarias.
El caos es absoluto en RTVC. Y Negrín lo confesó este miércoles a los otros dos miembros del consejo rector que permanecen en el órgano, María Lorenzo y Alberto Padrón. “No sé qué hacer, lo tengo que reflexionar”, fue todo lo que atinó a responder en la reunión de carácter informal celebrada este 2 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria al ser festivo en Santa Cruz de Tenerife.
El inesperado giro que protagonizó este concurso de informativos al quedar automáticamente descalificada la oferta de Numtium TV (Grupo Prisa y Editorial Prensa Ibérica) y vencer Videoreport a Liquid Media (Mediapro) en la puntuación objetiva, ha dejado desvencijada para siempre la gestión de Santiago Negrín.
La encrucijada a la que se enfrenta el presidente de RTVC y su núcleo duro habitual es dramática: no puede adjudicar sin informe de la junta general de accionistas de TVPC; y si adjudica sin él, incurrirá en una irregularidad más a sumar a todas las cometidas hasta ahora en este proceso, como ha advertido la secretaria del consejo, actualmente de baja, y como estableció a principios de abril un juez de lo Contencioso-Administrativo cuando resolvió paralizar el concurso anterior por haber sido convocado por el mismo órgano de contratación que este segundo: el propio Negrín.
Pero si no adjudica de inmediato ese concurso tendría que tramitar una prórroga excepcional a Videoreport Canarias para que los informativos no se apaguen el 1 de julio próximo, y la ausencia de continuidad, en manos de la misma productora, no lleve las pantallas a negro. Una prórroga que él mismo ha calificado de imposible durante todos estos últimos meses precisamente para justificar las irregularidades cometidas en este procedimiento.
Pero aún consiguiendo un secretario o secretaria que le de vía libre a la adjudicación, esta se enfrentaría al criterio hasta ahora irreductible de la interventora general de la Comunidad Autónoma, que mantiene la misma tesis que la secretaria del consejo rector y que el juez de lo Contencioso-Administrativo: el presidente del ente público RTVC es manifiestamente incompetente para adjudicar contratos de más de un millón de euros sin que lo autorice el Consejo de Gobierno, es decir, el Ejecutivo de Fernando Clavijo, que huye de cualquier responsabilidad en la televisión y en la radio públicas como si se tratara de la peste.
Por este motivo está precisamente en el aire el contrato con Retevisión, adjudicado por Negrín mediante un procedimiento negociado sin publicidad al vencerse la última prórroga el 31 de diciembre de 2017. El concurso fue adjudicado a principios de febrero de 2018 y a día de hoy el proveedor no ha podido cobrar sus facturas porque la interventora no ha autorizado la firma del contrato.
Santiago Negrín y su mano derecha, Daida Rodríguez, se han quedado ya sin capacidad de maniobra y sin el respaldo del Gobierno de Canarias. Y lo que es peor: al menos en el caso de Negrín, con una amenaza seria de haber incurrido en responsabilidades personales de carácter penal.
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