La nueva Ley Audiovisual de Andalucía busca evitar que se privaticen o externalicen los medios públicos



EMA RTV

El primer Consejo de Gobierno Andaluz del mes de agosto ha aprobado el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. El texto busca regular un sector estratégico para la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad. Además, incorpora medidas para asegurar la defensa del servicio público. El objetivo es evitar privatizaciones o externalizaciones de medios públicos, así como impedir que haya emisoras ilegales. De hecho, contempla la prohibición de que éstas inserten publicidad. En suma, se pretende cubrir las lagunas de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, en vigor desde 2010. Entre otras medidas, se plantea la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía. Además, por primera vez en España, se dará cobertura legal a los medios surgidos en las universidades y los centros docentes públicos, y a los comunitarios sin ánimo de lucro.

La Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía (EMA-RTV) ha seguido muy de cerca y de forma activa el proyecto desde su gestación. De ahí que lo haya abordado en su programación de la Onda Local. EMA-RTV, a la que pertenece Radio Rute desde su nacimiento, acoge a emisoras municipales y ciudadanas de la comunidad autónoma. Las municipales son aquellas locales de titularidad pública, es decir, gestionadas por los ayuntamientos. En cuanto a las ciudadanas, son todas las de contenidos no comerciales y sin ánimo de lucro. Dos representantes de ambas, junto a la periodista de la Onda Local Rocío Muñoz, han tratado el tema con Eugenio Cosgaya, director
general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía. Por parte de las emisoras municipales ha estado Mariana Moreno, directora de Radio Rute. En cuanto a las llamadas emisoras ciudadanas, ha intervenido Alejandro Blanco, vicepresidente de Onda Color, de Málaga.

Los dos coinciden en que la ley podría haber sido “mucho más ambiciosa”. Blanco va más lejos y asegura que las radios ciudadanas siguen “sin regular” con el nuevo texto, puesto que se ha suprimido la concesión de licencias provisionales. Cosgaya sostiene que esas licencias provisionales carecerían de sentido, puesto que la idea es que sean legales a todos los efectos, tan pronto como desde el Ministerio de Industria cedan las frecuencias necesarias en el espectro radioeléctrico.
Respecto a la vocación de servicio público, ha subrayado las medidas previstas para evitar la externalización de las radios municipales. En esa situación se encuentra una treintena de ayuntamientos andaluces. Según Cosgaya, la ley “apuesta claramente por un servicio público de gestión directa”. Pero no se contempla la actuación para retirar licencias si antes no media una denuncia.

Otro aspecto al que se ha referido es el de los incentivos para las radios municipales. Con frecuencia, estas emisoras carecen de los medios técnicos y humanos suficientes. Es consciente de que se han prometido líneas de ayuda muchas veces y luego no se han hecho efectivas. No son cantidades significativas, pero sabe que resultan “vitales” para estos medios con pocos recursos. Por eso, ha reseñado que existe un compromiso con EMA-RTV para que, a un año vista, empiecen a llegar esos incentivos.

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