ERC planeaba un impuesto para financiar TV3 y Catalunya Ràdio

Catalunya Ràdio

ERC quería utilizar los medios de comunicación públicos de la hipotética Catalunya independiente como una vía para la creación de una “conciencia colectiva” de los “Països Catalans”, a la vez que planeaba condicionar la concesión de licencias del espacio radioeléctrico al uso de la lengua catalana y la emisión de contenidos catalanes.

Así consta en un documento de la Vicesecretaría General de Acción Política de ERC incluido en el sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga la organización del referéndum.

En él, con fecha de noviembre de 2016, la formación independentista marca las líneas sobre las que a su juicio debía pivotar la futura República catalana. En el apartado de los medios de comunicación, asume que son un instrumento “esencial” para la creación de un “imaginario colectivo” que ayudase a la “cohesión nacional”.

Licencias en función del uso del catalán

Para ello, el hipotético Estado catalán tendría la potestad para ordenar el espacio radioeléctrico bajo su soberanía y concedería licencias en función del uso del catalán. Además, abría la puerta a la implantación de un canon para la financiación de los medios de comunicación públicos.

Estos medios públicos servirían además, según el planteamiento de ERC, para informar de la “realidad” de los diversos territorios que conforman los llamados “Països Catalans”, que a su juicio “son una realidad cultural y lingüística”.

Para ERC, los medios de comunicación tendrían también un papel “fundamental” en la política lingüística de la República, en la que el catalán y el occitano –hablado en el Valle de Aran y el Pirineo leridano– serían las lenguas prioritarias.

En este sentido, el partido asumía que actualmente la mayoría de los medios difunden contenidos en castellano y apostaba por una regulación para que los operadores de los servicios de comunicación audiovisual promoviesen “los valores de la diversidad lingüística” y difundiesen contenidos “de acuerdo con las políticas lingüísticas de la nueva República”.

“Se debe garantizar que el número de canales de televisión en catalán y en occitano tengan los mismos porcentajes que tienen el sueco, el danés o el finlandés en sus espacios comunicativos”, apunta el documento en posesión del Juzgado de Instrucción.

ERC planeaba una república con el catalán como lengua “vertebradora” de una sociedad plurilingüe. Y apostaba por alejarse del modelo de lenguas oficiales vigente en España para ser “pioneros” e idear un marco jurídico nuevo que garantizase “los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía”.

Así, establecía que todos los ciudadanos de la República debían saber hablar y escribir en catalán u occitano, mientras que el castellano estaría regulado jurídicamente para que sus hablantes siguieran teniendo reconocidos los derechos que “les reconoce la oficialidad en la legislación española actual”.

“El conocimiento de la lengua catalana del 100% de la población será una prioridad en el nuevo país”, apostaba ERC en su documento, en el que marcaba además un sistema educativo universal e inclusivo que no hiciera distinciones “por razón de lengua”.

Para la formación, el catalán y el occitano debían ser las lenguas vehiculares en todos los niveles de la educación, incluida la universidad. Y señalaba también la necesidad de exigir unos conocimientos mínimos para trámites como la renovación del permiso de trabajo u obtener el de residencia o ciudadanía.

En cuanto a la administración, creía que debía ser capaz de “atender la diversidad lingüística de la ciudadanía”. “El catalán y el occitano deben ser las lenguas de uso preferente y priotario en todos los niveles de la administración –establecía–. Ahora, los ciudadanos deben poder ser atendidos en castellano o en otras lenguas si es necesario según el criterio de disponibilidad lingüística”.

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