12.12.2025.- Salvador Lachica escribe en laprovincia.es que la Ley de Radio y Televisión Públicas de Canarias se aprobó en diciembre de 2014 para establecer el marco para la Radiotelevisión Canaria (RTVC), su régimen jurídico, estructura y el control parlamentario de sus órganos como la Junta de Control y la Dirección General, buscando asegurar un servicio esencial para la sociedad del Archipiélago.
Once años después, el Gobierno que preside Fernando Clavijo dio el visto bueno el pasado 10 de diciembre a la nueva Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias porque la vigente norma «no ha cumplido ni con las expectativas ni con las necesidades de un servicio público tan importante», como aseguró el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello. Entre ellas, la garantía de que los servicios informativos no se externalizarán –tal y como sucedió desde la creación del ente en agosto de 1999– y que la plantilla –450 personas en la televisión y 50 en la radio– se mantendrán en la nómina de ente.
Para ello, el nuevo texto legal incluye -tal y como negoció Cabello con UGT, CSIF y CCOO- en el artículo 35.3 que «no podrá cederse a terceros la producción y edición de programas informativos», es decir, no podrán ser privatizados. A esa salvaguarda se une la disposición adicional séptima del proyecto legislativo que convierte en permanente «la subrogación del personal operada» en el año 2018 al amparo del apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley de 2014. Esa subrogación deja de ser provisional y «mantendrá su vigencia».
No más «parches»
Estos dos puntos, que la plantilla de RTVC consideraba que eran vitales para acabar con sus incertidumbres laborales, son fruto, como afirmó Cabello al término del Consejo de Gobierno celebrado el miércoles, de constatar que «la comunicación pública no puede estar dependiendo de constantes parches para salvar los distintos obstáculos que surgen a causa de la ausencia de Mandato Marco o porque no están contemplados por la ley». «RTVC necesita una ley que le proporcione seguridad jurídica y operatividad», remachó.
Este tirón de orejas de Cabello a los grupos parlamentarios se debe a que la derivada política de los últimos 11 años ha imposibilitado aprobar definitivamente el mandato marco que facilitaría que RTVC fuese totalmente pública. Un documento que está incluido en la Ley de RTVC, que fue impulsado en el primer mandato de Clavijo (2015-2019) por PSOE, Podemos y NC y refrendado por mayoría pero que luego quedó paralizado durante la etapa del pacto de las flores.
Curiosamente, el texto base del mandato marco está aprobado desde finales de la legislatura que concluyó en 2019, por lo que los grupos parlamentarios han perdido seis años para ponerse de acuerdo en su ratificación final.
El veto de 2011 a la Junta de Control
A este ‘punto negro’ del parlamentarismo canario con respecto a RTVC se une el hecho de que en cuatro votaciones distintas (dos en mayo de 2021 y otras dos en octubre de ese año), el pleno de la Cámara rechazó a los candidatos propuestos por los distintos grupos para formar la Junta de Control, pese a que previamente habían pasado el examen de idoneidad en la propia Comisión de la Cámara regional.
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