Se puede leer en Diario de Tarragona: Tormenta política en la Plaça de la Font en plena crisis sanitaria por la Covid-19. El anuncio del pasado martes de que el gobierno municipal (ERC-Comuns) ha detectado presuntas «irregularidades» desde 2018 en la Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació ha provocado que PSC y Cs hayan solicitado «toda la documentación contable» de Tarragona Ràdio de los últimos dos años y que, asimismo, exijan «respuestas» de la presidenta de la compañía –Paula Varas (ERC)– en el consejo de administración telemático que se llevará a cabo esta noche, a partir de les 21.30 horas.
En una petición que ayer hicieron llegar las representantes de ambos partidos en la dirección de la firma pública – Naglae Sah El Kaya (PSC) y Sonia Orts (Cs)– estas piden que se les facilite «un balance de sumas y saldos detallado, el mayor de las cuentas de todos los proveedores, así como las facturas físicas junto con sus justificantes bancarios» para poder analizar los números, tras el presunto desfalco denunciado el martes por el ejecutivo republicano, que ascendería a 14.000 euros entre 2018 y 2019. «Queremos saber qué es lo que ha pasado y tener toda la información. En este caso lo que debe priorizarse es la prudencia», indica la portavoz de los socialistas, Sandra Ramos, quien lamenta que «todo lo que toca la concejal Varas va mal».
Irregularidades de gestión
Por otra parte, hoy la presidenta de la empresa que gestiona Tarragona Ràdio, Paula Varas (ERC), presentará ante la Fiscalía el informe que han elaborado los abogados de la compañía sobre las irregularidades detectadas durante los dos últimos años.
Recientemente, se da el caso de que una auditoría elaborada por altos funcionarios del Ayuntamiento puso de relieve varias irregularidades en la gestión de la firma. El trabajo, realizado en base a la actividad de la compañía en 2018, detectó varios déficits en pagos, contrataciones de personal y de servicios, así como en la transparencia de su actividad a lo largo del año pasado.
El informe de control –realizado entre el Interventor General, el Viceinterventor, el Cap de Secció de Control Financer y un técnico de Control Intern– hizo un especial énfasis en los 27.178 euros que la firma municipal pagó a empresas y entidades cívicas y sociales a lo largo de 2018 –principalmente– en base a publicidad, promociones y colaboraciones.
En el documento, los técnicos de la Plaça de la Font se mostraron contundentes al afirmar que «los gastos que se imputan en el epígrafe de publicidad corresponden, básicamente, a donaciones o colaboraciones con asociaciones o entidades sin ánimo de lucro», lo que, a su juicio, «desde una visión rígida, no se podría realizar» porque «las atribuciones dinerarias gratuitas realizadas por parte de sociedades mercantiles públicas quedan al margen de la Ley General de Subvenciones».
A juicio de los altos cargos municipales, «la sociedad –la empresa que gestiona Tarragona Ràdio– no goza de la potestad de fomento», ya que «en su objeto social no está el hecho de poder realizar subvenciones de ningún tipo». Por ello, los especialistas de la corporación local recomiendan que «debería estudiarse a qué corresponden las atribuciones dinerarias sin contraprestación y, en caso de que supongan una contraprestación de una relación contractual, tramitarlas correctamente de acuerdo con su naturaleza jurídica».
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