Los directivos de la CCMA pagarán la multa de Mercè Alcocer (Catalunya Ràdio)

Mercé Alcocer

El vicepresidente de la CCMA, Brauli Duart, ha propuesto a los miembros del consejo de gobierno y el comité de dirección asumir de forma personal la sanción de 701 euros con la que la Delegación del Gobierno en Madrid ha multado la periodista Mercè Alcocer, de Catalunya Ràdio, por una supuesta “infracción grave de desobediencia a la autoridad”, en aplicación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como mordaza.

La Corporación argumenta que legalmente no puede asumir el pago de la sanción “por su carácter específico de responsabilidad personal”, y por ello Duart ha propuesto a los directivos una aportación colectiva para evitar que la trabajadora asuma el coste de la aplicación de una ley que “vulnera los derechos de los profesionales de los medios de comunicación en el ejercicio libre de la profesión”.

Desacuerdo de las plantillas

Los comités de empresa y los consejos profesionales de Catalunya Ràdio y TV3 han mostrado su desacuerdo con la medida, que califican de “buena intención” pero “mala solución”. A su juicio, la decisión de pagar la multa con aportaciones personales de los directivos “no es la manera” de resolver el proceso sancionador, ya que entienden que la medida “es totalmente arbitraria y no garantiza que en futuros conflictos la empresa actúe igual”.

En este sentido, los representantes sindicales y profesionales señalan que este caso debería servir para “establecer las bases y marcar una posición clara” de cara a posibles nuevas multas en el futuro. “Creemos que todos los trabajadores quedamos desprotegidos si la CCMA no responde ante una sanción impuesta a un trabajador por el simple hecho de hacer su trabajo”, afirman en un comunicado conjunto.

Desobediencia a la autoridad

Los hechos que originaron la multa se produjeron el 20 de febrero de 2016, ante la Audiencia Nacional, en Madrid, cuando Mercè Alcocer cubría como enviada especial la declaración de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, e intentó conseguir una declaración del abogado del ex presidente autonómico en zona no autorizada por la policía.

“Se impidió a los medios acceder a los abogados y al fiscal, dentro y fuera de las dependencias judiciales. Al no poder acercarme para obtener declaraciones, quise acceder por una calle lateral a la entrada de la Audiencia, y allí me pidieron la documentación”, explicó en su momento la periodista.

La Delegación del Gobierno en Madrid sancionó Alcocer por una “infracción grave de desobediencia a la autoridad”. Según ella, los agentes “entorpecieron en todo momento la labor informadora de los periodistas con un celo excesivo”.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, pidió que se revocara la multa, ya que en la resolución sancionadora no se hacía “ningún juicio de proporcionalidad”, ni se motivaba “la constitucionalidad de la sanción”, ni se consideraba que pudiera existir “una limitación o afectación de un derecho fundamental”. La Delegación, sin embargo, lo desestimó.

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