Xavier Borrás publica en El Mundo que El contrato se tramitó por procedimiento negociado sin publicidad, es decir, que la red de emisoras de Prisa era el unico aspirante. Pese a lo abultado de la cantidad, Puig dice que se trata de una acción «habitual» de las que se realizan para la promoción de la Comunidad Valenciana.
El Gobierno valenciano ha aprobado un contrato de patrocinio publicitario para el «Congreso del Bienestar de la Cadena SER» por valor de 242.033,88 euros (IVA incluido) mediante un procedimiento negociado sin publicidad, es decir, con la red de emisoras de Prisa como único aspirante a una propuesta que parte de la propia Cadena y que ésta ha desarrollado en otras ciudades de España, siempre con patrocinios públicos.
Se trata de unas jornadas de reflexión, con público invitado, que arrancan este viernes en el Palau de les Arts de Valencia y que se desarrollan durante todo el fin de semana con distintos ponentes. Entre ellos, el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que es el encargado del discurso de apertura y de bienvenida, y el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
También participan, según la organización, el ex diputado socialista y contertulio de la Ser Eduardo Madina; la ex alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, ; la directora de El País, Soledad Gallego-Díaz, o la periodista y conductora de Hoy por Hoy Àngels Barceló, entre otros.
En la primera jornada, el viernes, se anuncia un diálogo que lleva por título «Los nuevos justos. La sociedad civil y la clase política», en el que se pretende hablar sobre la situación crítica de la socialdemocracia en Europa y en la capacidad del PSOE, en España, para «reconstruir un relato desde la autocrítica y la innovación para dar respuestas a los nuevos descontentos sociales de matices cada vez más profundos y volver a ejercer como ‘los nuevos justos’ de la sociedad del siglo XXI».
El importe del patrocinio adjudicado al acto de la SER es realmente abultado si se tienen en cuenta las cantidades manejadas por la Generalitat en materia de publicidad destinada a medios de comunicación. La cifra aprobada para un único acto es equivalente o incluso supera a lo que el Gobierno valenciano invierte para todo el año en otros medios. En Presidencia de la Generalitat señalan que no se trata de una iniciativa publicitaria, sino de un patrocinio para un evento en el que el organizador tiene los derechos registrados.
Preguntado este jueves por ello, el propio Ximo Puig la ha justificado como «una más» de las «propuestas» que se reciben en la Generalitat. Pese al evidente tono político de los contenidos previstos en la agenda del evento, el presidente entiende que se trata de una iniciativa que «ayuda a la promoción de la Comunidad Valenciana». Se trata, ha dicho, de algo «habitual», que se ha hecho «ahora y también en el pasado». El citado congreso prevé visitas guiadas a a los edificios más relevantes de Valencia, incluido el Palau de la Generalitat.
La documentación de esta adjudicación, que figura parcialmente en el portal de contratistas públicos del Estado, revela que el acuerdo se cerró el pasado 3 de enero. La tramitación del contrato corresponde a la Dirección General de Promoción Institucional, aunque lleva la firma final del subsecretario de Presidencia. El inicio de la licitación arrancó el 17 de diciembre pasado. Y apenas nueve días más tarde, se dictó una resolución de aprobación del expediente de contratación a través, de procedimento negociado sin publicidad, regulado en el artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público. Se decretó de «tramitación urgente».
El mecanismo empleado permitió que la única propuesta presentada fuera la de la Cadena SER. Tal y como marca la legislación se requirió al licitador para que realizara una mejora técnica y del precio de la oferta. La respuesta fue negativa. La oferta se mantuvo tal cual se presentó y con el mismo precio, según la documentación. Así como el pasado 3 de enero se acabó aprobando en las condiciones iniciales. La web del citado congreso anuncia otras ediciones en Plasencia, Tudela, Cádiz y Alcazar de San Juan, algo que también sirve como argumento a la Generalitat. «En otros sitios se ha hecho, con apoyo también de administraciones públicas, también del PP e incluso de Podemos».
La polémica de las ayudas
La noticia, publicada en distintos medios, ha puesto de nuevo en alerta a los grupos de la oposición, que tienen en el punto de mira las suculentas subvenciones directas concedidas por Puig, sean ligadas a medios de comunicación o no. Por ejemplo, se ha criticado el dinero destinado desde Presidencia a eventos celebrados en Morella, el pueblo del que fue alcalde. O una entrevista publicada en The Guardian por la que Presidencia pagó 43.000 euros dentro de una iniciativa de corte turístico y que el diario borró de su web al considerarla «contenido publiciatario».
También han sido motivo de enorme polémica las importantísimas ayudas a medios de comunicación gestionados por su hermano, Francis Puig, motivo de una querella presentada por el Partido Popular y por la deberán declarar como imputados el hermano de Puig como el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, un alto cargo de Compromís de cuya gestión dependen las ayudas a la promoción del valenciano en prensa.
El PP tiene documentada toda una serie de prácticas irregulares que, a su juicio, han llevado a las empresas de Francis Puig a justificar de manera fraudulenta al menos 1.215.396 euros. Además, los populares han pedido la imputación de los hermanos Enrique y Juan Adell Bover, a los que acusan de un delito contra la Hacienda Pública y otro de malversación de caudales públicos, tras haber creado de facto un grupo empresarial junto al hermano del presidente. La Conselleria de Educación y Cultura reclama a los Adell Bover, socios de Francis Puig, la devolución de 200.000 euros en ayudas no justificadas.
Además de estos asuntos, Ciudadanos acaba de anunciar que llevarán a la Fiscalía la polémica condonación de una deuda sindicada del Grupo Zeta con el Instituto Valenciano de Finanzas, el banco público de la Generalitat, que permitió la venta de este grupo a Prensa Ibérica, cuando Puig es accionista desde hace años de Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa), editora del diario Mediterráneo de Castellón. Prensa Ibérica, beneficiada por la operación, es editora de los diarios Levante (Valencia) e Información (Alicante), que son los principales receptores de publicidad institucional del Gobierno valenciano en su ámbito geográfico de referencia.
El banco público de la Generalitat tenía pendiente de cobro 1,9 millones de euros de préstamos que concedió en 2000 y en 2006 a sociedades del Grupo Zeta y que se acabaron consolidando en la deuda de este grupo. Cuando se negoció la venta de Zeta a Prensa Ibérica, el IVF acabó aceptando algo más de 500.000 euros. Puig ha defendido públicamente la operación, pero no ha comparecido en las Cortes Valencianas para explicar los detalles porque tanto el PSPV como Compromís y Podemos han bloqueado todas las peticiones de comparecencia del PP. Puig nunca ha escondido la propiedad de estas acciones en Pecsa en su declaración de bienes. De hecho, las conserva y declara los dividendos que recibe, que han ido en aumento estos años.
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