En 2009 y según el Informe de la Radio en Catalunya que elabora el Observatori de la Ràdio a Catalunya, donde colabora guiadelaradio.com, había en Catalunya 81 emisoras no comerciales: radios de barrio, culturales, religiosas o llamadas libertarias, que emiten sin licencia pero con una cierta tolerancia por parte de la administración. En diciembre de 2015 el número de radios que encajan en esta categoría ha bajado hasta las 58. En paralelo, las emisoras que hacen una competencia desleal a las radios comerciales han crecido de las 22 a 30. Con el fin de revertir esta tendencia, así como para dotar de seguridad jurídica las emisoras de carácter social, la Generalitat de Catalunya prepara un decreto para legalizar las radios del llamado tercer sector, aunque no tiene competencias para ello.
De momento, la administración catalana ha abierto un período de consulta y se está reuniendo con los representantes del sector. Por ejemplo, el director general de Medios Audiovisuales, Jordi Del Río, debatió el asunto con la Mesa del Tercer Sector. «Tenemos que hacer autocrítica y admitir que este decreto ha pasado demasiado tiempo en el congelador, desde que lo puso en marcha Joan Manuel Tresserras cuando era consejero y se detuvo posteriormente», explica Del Río. «No es tanto una autocrítica a los anteriores gobiernos, como la constatación de que se priorizaron otros asuntos. En todo caso, ahora estamos en unos tiempos en que hay más demanda de participación ciudadana y parece razonable normalizar estos medios, que no tienen ánimo de lucro».
La existencia o no de beneficio será, de hecho, el gran corte que separará los medios que podrán optar a frecuencia y los que no, cuando el Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) convoque el concurso. Las licencias que se den, en un número aún por determinar, deberán renunciar explícitamente a la publicidad y los patrocinios. Sí que podrán financiarse con las aportaciones de sus socios o bien a través de ayudas públicas. De hecho, el Gobierno prevé incorporar una partida -pendiente también de cuantificación- para mantener este ecosistema vivo.
El objetivo del concurso, sin embargo, no es validar necesariamente las emisoras que ya están emitiendo: será una convocatoria abierta a todas las entidades que cumplan el requisito. En paralelo, se endurecerá el control a emisoras que, bajo una forma jurídica de asociación cultural, funcionan en realidad como radios comerciales. En este sentido, al Gobierno le preocupa la proliferación de emisoras de carácter latino -han pasado de 8 a 19 en siete años- que compiten publicitariamente con el resto de marcas musicales, a pesar de no tener título habilidad, gracias al subterfugio de declararse como radios del tercer sector.
También quedarían excluidas del concurso las radios que se financian con el tarot y aquellas emisoras que, con el pretexto religioso, emiten programas presuntamente evangelizadores que no son sino máquinas de recaudar aportaciones de los oyentes.
Pulso con el Estado
La gran incógnita de este proceso es cuántas licencias -que serán de alcance local- se pondrán en juego. La Generalitat no tiene competencias para planificar su espacio radioeléctrico. Miembros del Gobierno se reunieron con los responsables del gobierno central del área de comunicación, antes del verano, para plantear este asunto: la receptividad fue escasa. Ahora hay un nuevo equipo, con el que la Generalitat ya ha pedido cita.
En todo caso, desde Catalunya se cuenta con un «plan B». La ley catalana de comunicación audiovisual determina que las operadoras de telefonía deben reservar un 5% del espacio radioeléctrico que utilizan. Hasta ahora, esto no se ha hecho ejecutar. «Hay que ser valiente para aplicarlo, pero estamos dispuestos a hacerlo si no lo conseguimos con el Estado», asegura Del Río.
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