Prensario.net publica que el primer DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) emitido por el recientemente gobierno de Javier Milei incluye la ‘desregulación’ del número de licencias de radiodifusión que cada licenciatario puede tener en Argentina. Pero, la evolución tecnológica ha convertido esta restricción en irrelevante.
En el pasado, el marco legal, primero representado por la Ley de Radiodifusión 22.285 de 1980 y más reciente por la Ley 26.522, oficialmente conocida por ‘Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual’ y más conocida, —erróneamente, porque no consideró Internet— tendió a limitar la cantidad de emisoras de radio o televisión que una persona o grupo de personas pudieran operar en forma simultánea y conjunto, lo que en radiodifusión se entiende por ‘red’.
El presunto objetivo de esta estrategia era impedir que una persona o grupo de personas pudieran tener influencia política sobre la opinión pública en distintos lugares de la República en forma simultánea. Durante el gobierno del Presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999) se emitieron varios decretos modificando partes de la Ley 22.285.Pero, nunca se llegó a dictar una nueva Ley que la reemplazara.
El surgimiento de la TV por cable primero y de Internet más tarde se encargaron de quitarle relevancia al tema. La escasa cantidad de emisoras privadas de TV aire –durante muchos años hubo sólo 26 para todo el país— generó la demanda para que, en su momento, se llegara a más de 1.300 sistemas de televisión por cable o microondas, y se convirtió en negocio para las emisoras de aire el licenciar su programación a estos sistemas, especialmente cuando se transmitían partidos de fútbol, los que originaron la denominada ‘TV premium? por la que los abonados al cable debían abonar extra. También se generaron los canales propios de los sistemas de cable, transmitiendo noticias locales y eventualmente películas mediante videocassettes alquilados en videoclubes de otros lugares, nunca del comerciante local.
En la actualidad, las redes sociales, los “influencers” la difusión nacional que tienen los canales nacionales de noticias por cable e Internet y lo disponible en YouTube, con decenas de iniciativas similares, podrían haber tornado menos que relevante esta liberación. Además, la instalación de canales de TV con programación original es costosa; en la industria se recuerda la frase de Pedro Simoncini, quien después de una brillante carrera en el Canal 11 de Buenos Aires, tomó el control de canal 3 de Rosario: ‘Si hacen en vivo algo más que el noticiero, los mato…’
Otra complicación es el viraje de la facturación publicitaria hacia los medios digitales, lo cual ha disminuido cuantitativamente los ingresos y complicado el manejo financiero de las emisoras, En aquellos lugares donde hay sólo una o dos emisoras privadas, además de una filial de Radio Nacional y alguna emisora dependiente del gobierno provincial,no se justifica actualmente la inversión en equipos, personal y mantenimiento.
Han surgido en cambio, de manera a veces inmanejable, las emisoras FM en todo el país. En la reciente exposición de tecnología CAPER en la ciudad de Buenos Aires, funcionarios oficiales reconocían la imposibilidad de controlar el desenvolvimiento de las mismas, a menos que interfirieran con el funcionamiento de algún aeropuerto. La principal anomalía es el aumento de la potencia por encima de lo autorizado, para posicionarse en la preferencia de la audiencia del lugar por la mayor facilidad de sintonía.
Otra liberación incluida en el DNU se refiere a servicios de conectividad satelital (Internet) con sede fuera del país, que eventualmente podría llegar y competir con las telcos Telefónica Movistar, Telecom y Telmex. La primera reacción de los medios ha sido pensar en Satlink, empresa estadounidense controlada por el magnate Elion Musk, quien se hizo famoso a nivel mundial adquiriendo el control de la red Twitter y cambiando su nombre a X, además de reducir drásticamente su personal. Las tarifas publicadas de Satlink superan largamente lo que se paga en Argentina, donde además se considera esto como ‘servicio público’ y por lo tanto fijado por el Gobierno, aunque las telcos han obtenido una orden judicial contra esto.
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