Una jueza investiga si la COPE se quedó dinero de sus conciertos solidarios

Cadena 100

Pablo Gabilondo publica en elconfidencial.com que la magistrada ha pedido a la Cadena que le entregue las contabilidad de 18 conciertos para saber «el porcentaje de beneficios que se destinaron a la causa humanitaria» con que fueron patrocinados.



La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, investiga a la Cadena COPE por posible estafa en sus «conciertos supuestamente benéficos». Ante la sospecha de que la empresa pudo quedarse con la mayor parte del dinero recaudado en lugar de dárselo a las ONG’s, la jueza indaga en «el porcentaje de beneficios que se destinaron a la causa humanitaria» con que fueron patrocinados 18 conciertos de COPE entre 2010 y 2019. La cadena de la Conferencia Episcopal ha pedido archivar la causa, pero tanto la Fiscalía como la Audiencia Provincial de Madrid han rechazado su solicitud por «la posible relevancia penal de los hechos».

La investigación parte de la querella presentada el pasado diciembre por el periodista José Antonio Abellán contra COPE, el presidente del consejo de administración de la cadena, Fernando Giménez Barriocanal, y el vicepresidente, Rafael Pérez del Puerto. En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, repasa una serie de conciertos solidarios que la empresa ha organizado desde 2010: «Solamente en algunos casos, claramente minoritarios, la promoción de los eventos utilizaba la expresión ‘a beneficio de’, sin que se aclarase en ningún momento que la pretensión de COPE era entregar al fin benéfico anunciado apenas el 8% de lo recaudado», sostiene el querellante.

Los trucos de COPE para hacer caja con conciertos solidarios
Cadena 100 organiza los mayores conciertos solidarios del país, que abarrotan el Palacio de los Deportes, jugando al despiste en cuanto al destino de la recaudación.
En marzo de 2018, cuando El Confidencial informó de que COPE hacía caja con estos conciertos, la cadena se escudó en esa diferencia entre un evento benéfico, en el que se dona todo lo recaudado a una causa, y un evento ‘en beneficio de’, que permite tomarse mayores licencias en el reparto. Abellán, sin embargo, incide en que la propia empresa se ha saltado este matiz a la hora de promocionar sus eventos, como cuando en 2016 «se publicitó» uno de ellos diciendo que se destinaría «íntegramente» su recaudación a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), o cuando en 2010 el presentador anunció micrófono en mano que «todo benéfico, todo para Haití». La querella recoge ejemplos similares en más de una decena de promociones.

En cuanto al concierto de octubre de 2016, la querella explica que asistieron 15.000 personas y que el precio de las entradas oscilaba entre los 35 y 48 euros. «Grupo COPE entregaba a la causa benéfica una cantidad irrisoria», asegura el escrito, que sostiene que la cadena dio 33.411 euros a la AECC. Dado el número de personas que acudieron al evento, Abellán calcula que la empresa recaudó unos 589.000 euros en «entradas vendidas» y, al extender este razonamiento al resto de eventos investigados, afirma que los querellados «se apoderaron de la gran mayoría» de los beneficios: cifra la supuesta estafa en «decenas de millones de euros».

El Confidencial se ha puesto en contacto con los servicios jurídicos de la Cadena COPE y con la Conferencia Episcopal para recoger su versión de los hechos, pero no ha obtenido respuesta.

Cruce de escritos en los juzgados
El 12 de diciembre, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel admitió a trámite la querella al considerar que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de estafa». En su auto, la jueza ordena practicar una pericial para aclarar la recaudación de 18 conciertos que van desde el 24 de abril de 2010 hasta el 19 de octubre de 2019, separando los mismos en dos grupos: 11 se enmarcan en la conocida como ‘La noche de la Cadena 100’, que se promociona como una forma de recaudar dinero para Manos Unidas, y otros siete en el evento ‘Por ellas’, que hace lo propio con la Asociación Española contra el Cáncer.

El 24 de diciembre, COPE recurrió en apelación y solicitó elevar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que acordara «el archivo del presente procedimiento». Entre los argumentos que daba la cadena, destaca la crítica contra el propio querellante, antiguo locutor de la cadena al que acusa de protagonizar una «persecución» contra la Iglesia católica y la Conferencia Episcopal. La empresa afirma además que no ha recibido denuncia alguna por parte de los «miles de personas» que asistieron a los conciertos, ni tampoco por parte de los artistas, los patrocinadores o los beneficiarios de las donaciones: «Nadie, absolutamente nadie —ni uno solo—, ha presentado reclamación».

La Fiscalía se opuso a este recurso el 30 de enero, para lo que argumentó que «pudiendo indiciariamente los hechos ser constitutivos de delito, es ajustada a derecho la resolución por la que se acuerda investigarlos». Un mes después, el 20 de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid atendió la postura del Ministerio Público y rechazó el recurso: en su auto, el tribunal reduce los ataques contra Abellán a «meras manifestaciones sin fundamento o acreditación alguna» y subraya que la «admisión a trámite de una querella no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene».

Para sostener esta segunda idea, la Audiencia Provincial de Madrid explica cómo COPE organizó los conciertos «invocando una causa humanitaria de gran conocimiento e impacto social para conseguir la actuación desinteresada de artistas y para conseguir un pleno de público asistente que asegure la venta del 100% del aforo, pese a lo cual (y según la querella) los querellados hicieron suya una parte de dichas cantidades recaudadas». Respecto a esa diferenciación que hace la cadena entre ‘benéfico’ y ‘en beneficio de’, el tribunal no duda en referirse a los hechos investigados como «conciertos supuestamente benéficos» a la hora de abordar el contenido de la querella.

Un día después de que la Audiencia Provincial notificara su auto, la perito designada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitó a COPE que le facilitara toda la documentación de la que dispone sobre «el porcentaje de reparto de beneficios asignado a cada concierto, así como su destino». La petición fue ratificada el 27 de febrero por la jueza Rodríguez-Medel, que abrió un plazo de cinco días para que la empresa facilitara toda la información. Los querellados, sin embargo, respondieron con un nuevo recurso en el que se negaban a facilitar la contabilidad solicitada.

En el escrito, fechado el 11 de marzo, la defensa muestra su «predisposición» a aportar la información porque «no hay nada que ocultar», pero al mismo tiempo carga contra la perito: según argumenta, la funcionaria parece olvidar «la regulación relativa al secreto de la contabilidad», apuntando entonces a que la documentación «debe limitarse a los asientos contables» de los conciertos y la «exhibición deberá realizarse en la sede de COPE». El Confidencial no tiene constancia de que la magistrada haya respondido a este recurso ni de que la cadena haya facilitado la documentación por el momento.

COPE teme pérdidas millonarias
Más allá de estas reticencias respecto al modo en que debe entregarse la documentación, COPE recogía en su primer recurso el temor a que el procedimiento le genere pérdidas millonarias. «La repercusión de esta acción penal sobre la reputación de COPE y sus representantes co-querellados puede ser mayúscula, máxime teniendo en cuenta las relaciones COPE – Iglesia – Conferencia Episcopal – Manos Unidas – Asociación Española contra el Cáncer», sostiene el escrito, en el que explica además que «el querellante está valorando el importe de la presunta estafa en la cantidad de más de 47.000.000».

La defensa de la cadena subraya una y otra vez esta idea, para lo que asegura que «mientras dure este proceso —si el órgano judicial persiste en su continuidad y mantenimiento—, estará en tela de juicio la reputación de los citados, y la supervivencia del medio, que vive de sus oyentes y anunciantes, estará en evidente peligro». Apoyándose en esta argumentación, solicita que se imponga a Abellán una fianza que «nunca podrá ser inferior a 3.000.000» para poder seguir ejerciendo como acusación popular.

El 30 de enero, el Ministerio Público tachó esta petición de fianza de «desorbitada», mientras que la Audiencia Provincial respondió el 20 de febrero que la misma debe ser acordada por el juzgado «a través de la oportuna resolución motivada». Ante la falta de respuesta por parte de Rodríguez-Medel, la cadena de radio volvió a la carga con un nuevo recurso el pasado 1 de junio, pidiendo una fianza de tres millones a Abellán e incidiendo en que el procedimiento puede traer «consecuencias nefastas para COPE y la propia Iglesia católica». Las fuentes consultadas apuntan a que la jueza todavía no ha respondido a este nuevo recurso.

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