17.11.2025.- Eldiario.es informa que el sindicato asegura que ha habido “amenazas veladas” por parte de la dirección para retirar la cartelería instalada en las sedes de la Radio Pública de Canarias en la que se habla de “los intentos de privatización del servicio”.
El sindicato UGT ha denunciado el intento de “silenciar” las protestas de los trabajadores de Radio Televisión Canaria contra el borrador de la nueva Ley del Sector Audiovisual ante la amenaza de privatización de servicios informativos.
UGT denuncia “amenazas veladas” por parte de la dirección para retirar la cartelería instalada en las sedes de la Radio Pública de Canarias en la que se habla de “los intentos de privatización del servicio”.
En un comunicado difundido este lunes, el sindicato considera que “ha quedado demostrado que la gestión directa del personal está siendo eficaz y rentable, además de garantizar la libertad del ejercicio periodístico por parte de los profesionales”.
Desde el pasado mes de octubre, la plantilla inició una serie de movilizaciones, siendo el miércoles y viernes negros las principales citas reivindicativas de los profesionales.
Vestidos de negro, los trabajadores de RTVC han dejado clara su oposición “al despropósito que supone la nueva Ley planteada por el ejecutivo canario”. Un texto que “deja la puerta abierta a la privatización de los servicios informativos de la casa”.
De favorecerse la privatización, “no existirían órganos de garantía editorial y aumentarían los riesgos y sesgos informativos”, señala el sindicato.
Ante estas circunstancias, la central exige al Parlamento de Canarias el blindaje legal del servicio público de RTVC; la prohibición de externalizar los departamentos y servicios vinculados a la producción informativa y a su ciclo completo (edición, emisión y gestión), y la creación de un Consejo de Informativos que garantice los derechos de la plantilla ante intentos de injerencia externa o interna.
La nueva ley debe contemplar su creación “en un plazo máximo de 6 meses desde su entrada en vigor”. Además, se exige la eliminación de toda referencia a “temporalidad” en la subrogación y la garantía de participación sindical.
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