Según se informa en esdiario.com, la magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona acusa a los jefes de TV3 y Catalunya Radio de desobediencia, y a otros 28 cargos contra los que ha dictado auto de procesamiento.
La juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, del que partió toda la investigación sobre el procés, ha asestado el golpe de gracia a la televisión y la radio públicas catalanas.
Alejandra Gil ha dictado auto de procesamiento contra 30 de los imputados en la causa abierta por los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017. Entre ellos, contra los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, y también contra la vicepresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Núria Llorach.
A los tres les atribuye la magistrada un presunto delito de desobediencia por hacer caso omiso a los requerimientos del Tribunal Constitucional y publicitar una consulta declarada previamente ilegal.
TV3 y Catalunya Ràdio fueron una pieza fundamental del entramado del procés, aunque cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó el 155 dejó al margen a ambas por expresa petición del PSOE de Pedro Sánchez. Y ahí siguieron sus directores en sus cargos.
Este mismo lunes la número uno del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha abierto la puerta al cierre de la televisión pública catalana si, como proponen los populares, se aplica nuevamente el artículo 155 sin límite. «TV3 es de todos o no es de nadie. Me parece de sentido común. ¿Por qué tiene que pagar la mitad de los catalanes una televisión que les insulta?».
Entre el resto de procesados figuran el secretario de Difusión y Atención Ciudadana de Presidencia de la Generalitat, Antoni Molons, al que se acusa de malversación y prevaricación; el secretario general de Presidencia, Joaquim Nim, que suma a los anteriores delitos el de desobediencia; y el director general de Comunicación del Govern, Jaume Clotet Planas.
Por contra, la juez ha levantado la imputación a 15 investigados, entre ellos el expresidente del llamado Consejo Asesor de la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, y el juez Santiago Vidal.
La juez fija en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum del 1 de octubre.
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