En Diario de Avisos leemos que: “Hacer esto con los fondos públicos es preocupante, pero la correlación entre beneficiar a empresas de comunicación con decisiones político-administrativas más que cuestionables y luego ver un espacio privilegiado en ese medio de comunicación da una pincelada de lo que se llamó el régimen. De cómo Coalición Canaria ha sido no solo un partido de gobierno sino un régimen con sus redes clientelares y una capacidad de influencia que iba más allá de lo legítimo y democráticamente aceptable”. Con estas palabras respondía ayer el concejal santacrucero de Unidas Podemos a la prensa congregada frente al Palacio de Justicia tras presentar ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por el llamado caso Sebastián Yatra.
Para Trujillo, que estuvo acompañado por su compañera de filas, Dolores Espinosa, “presuntamente se ha producido un enriquecimiento injusto de Radio Club Tenerife en detrimento de las arcas públicas, y por eso presentamos esta denuncia”.
El edil quiso añadir que “hay una correlación (no digo causalidad, que quede claro) de dos realidades. En los años que se producen estas adjudicaciones a Radio Club [en referencia a 2018 con Yatra y a 2019 con Juan Luis Guerra], tenemos una minimización de la presencia en Radio Club Tenerife de los adversarios políticos de Coalición Canaria y una maximización de la suya y del Ayuntamiento. Y lo digo con una aclaración: en todo caso sería una decisión empresarial de la emisora, no de los trabajadores, cuya profesionalidad conocemos y reconocemos”.
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Sobre el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que han motivado que la Corporación capitalina haya anunciado que también llevará este caso a la Fiscalía, Trujillo explicó que “por lo que sabemos del informe de los servicios juridicos, que por ahora es lo publicado, apunta hacia las mismas irregularidades que hemos denunciado hoy [ayer para el lector], tanto a la hora de pedir la nulidad de la contratación como a la de solicitar el traslado de este expediente a la Fiscalía ante las responsabilidades penales que pudieran derivarse. Por tanto, las críticas que nos hizo Coalición cuando, al denunciar el caso de Juan Luis Guerra, pidieron mi dimisión y me acusaron de enfangar la vida política, se caen por su propio peso, porque ahora son los servicios jurídicos del Ayuntamiento quienes hacen lo mismo en el caso Yatra, como también el Oficial Mayor municipal recopiló hasta cuatro causas de nulidad en el de Juan Luis Guerra”.
“Queda claro que son los técnicos -continúa- quienes ahora retratan como una monumental chapuza estos procedimientos administrativos, así como la posible comisión de delitos”, concluyó el concejal santacrucero de Unidas Podemos.
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