Julia Otero ha viajado este miércoles 28 de febrero hasta el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, en Navarra, para emitir un programa especial sobre las familias pioneras de la fotovoltaica en España y la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER).
Desde las tres de la tarde, Julia en la Onda ha emitido en directo un programa especial desde el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, en Navarra, para hablar sobre las familias pioneras de la energía fotovoltaica en España y sobre sus reivindicaciones.
Tenemos Mesa de redacción con Roger de Gracia, Marina Martínez Vicens y Guillem Zaragoza. Además, hay multipantallas de Borja Terán y Carolina Iglesias, Por último, tiempo de Gabinete con Elisa Beni, Juan Manuel de Prada y Javier Gállego.
Entrevistas sobre la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos
Para conocer bien la realidad de las 62.000 familias pioneras en la producción fotovoltaica en España, hablamos con el productor fotovoltaico y vicepresidente de ANPIER, Juan Antonio Cabrero y el productor delegado en Navarra de ANPIER, José Antonio Rapún.
Nos cuentan, entre otras cosas que en diez años ha habido hasta nueve normas regulatorias distintas sobre la energía fotovoltaica en nuestro país y se quejan de al recortar los beneficios de forma retroactiva y añadir el impuesto al sol, los pequeños productores no pudieron hacer frente a esos pagos.
Además, el presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha explicado cuál es la problemática legal de los pequeños productores españoles frente a los fondos de inversión.
El devenir de las familias fotovoltaicas españolas y los fondos internacionales se separa en el momento de reclamar las lógicas compensaciones por los daños causados. La justicia española, considera que estos cambios deberían de haber sido previstos por estas familias, a pesar de que en las campañas y detallados materiales que realizó el IDAE para captar las inversiones de estas familias, como era lógico, por impensable, jamás se consideraba un escenario de esta naturaleza.
Por su parte, los inversores internacionales, posiblemente previendo escenarios tan inverosímiles como los que, efectivamente, vivieron las familias españolas, no acudieron a los tribunales españoles, sino que -facultados por las normas de competencia de la Carta de la Energía- pidieron justicia en el CIADI, el órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, donde se van conociendo unos laudos que otorgan la razón a los demandantes e imponen al Reino de España la obligación de compensar el daño causado a estos inversores.
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