La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que reúne a la práctica totalidad de las emisoras de radio comercial de España, entre otras, Onda Cero, COPE, Cadena SER, Kiss FM o Radio Marca, han propuesto a la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados que, en el proceso de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, se respete el principio de igualdad.
¿Cuál es la lógica por la que la radio española paga a músicos y productores de países cuyas radios y televisiones no pagan a ningún músico ni productor: ni a los españoles ni a los europeos ni a los de su misma nacionalidad? ¿Por qué la ley española tendría que ser más beneficiosa para esos músicos y productores extranjeros que la legislación de sus propios países? ¿Qué razón justifica esa extraña fraternidad de geometría variable que solo favorece al que no la practica con sus propios nacionales?.
Ninguna de estas preguntas ha sido suficientemente valorada por los grupos parlamentarios españoles. Quien sí tiene respuestas es la industria discográfica, pero es la misma respuesta que lleva a los congresistas de otros paises de gran potencial económico y cultural a rechazar la imposición de esa carga a las radios y las televisiones de su país.
AERC apuesta por la defensa de los derechos de los músicos y los productores españoles y europeos como lo demuestran los elevados pagos que desde hace décadas vienen realizando a AGEDI y AIE. Pero con la misma convicción combaten la injusticia que representan los incrementos sistemáticos injustificados y el reconocimiento de los mismos derechos a nacionales de paises que tienen una posición internacional clara, firme y reiterada contraria al reconocimiento de esos derechos a sus propios nacionales. No es de recibo que la ley española proteja a músicos y productores de terceros paises no comunitarios por encima de la protección que les dispensan sus propios legisladores.
Las radios también se resisten al enésimo incremento de precios pretendido por AGEDI y AIE. Por eso han recibido con satisfacción la Resolución de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual de 20 de septiembre de 2018, que ya ha sido notificada a todas las partes afectadas y que en breve deberá publicarse en el B.O.E. Las radios comerciales de mayor audiencia de este país pagaron el año pasado a las entidades de gestión una cantidad elevadísima si la comparamos con los beneficios netos que entre todas obtuvieron.
Y recuerdan que, según las declaraciones públicas del dimitido Presidente de la Sección, las únicas presiones que sufrió vinieron de la mano de las entidades de gestión, poco acostumbradas a que, siendo monopolios, el precio de su producto sea decidido por un órgano independiente en base a criterios legales consagrados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las entidades de gestión comenzaron a quejarse el día en que la Ley se impuso en el reino en el que hasta entonces solo gobernaba su arbitrariedad, de ahí su nueva campaña de presión esta vez ante otras instancias que, antes de dejarse vencer por esas fuerzas, deberían velar para que prevalezcan los principios de igualdad, independencia y respeto a las decisiones del Tribunal Supremo.
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