Juan Oliver escribe en publico.es que Alberto Núñez Feijóo pagó cerca de 45 millones de euros a las empresas editoras de medios de comunicación privados mediante ayudas a dedo y convenios opacos de propaganda institucional, dirigidos en muchos casos a que la prensa glosara su acción política durante sus trece años de gobierno en Galicia.
En esas cantidades no están incluidas las partidas que las consellerías de la Xunta y las empresas, fundaciones y agencias dependientes de la Administración autonómica pagan por las inserciones publicitarias convencionales que suelen hacer en prensa, radio, televisión y medios digitales.
Tampoco los más de 1,25 millones que el Gobierno gallego pagó el mes pasado a periódicos, televisiones y radios nacionales con sede en Madrid cuando Feijóo ya había dimitido, ejercía de presidente en funciones y preparaba su llegada a Madrid como nuevo líder del Partido Popular.
En total son 44,7 millones de euros, que tampoco incluyen las ayudas convencionales para cuestiones como la promoción económica y el mantenimiento del empleo que las sociedades editoras pueden solicitar como cualquier entidad mercantil.
Convenios opacos
El principal mecanismo al que recurrió Feijóo para derivar dinero público a las empresas de comunicación fueron los convenios de colaboración, un instrumento que le permitió repartir fondos sin convocar un concurso público para adjudicarlos eludiendo los requisitos de publicidad, concurrencia, transparencia y control sobre el cumplimiento de los objetivos del gasto, que sí se garantizan en los procedimientos abiertos que establece la Ley de Contratos del Sector Público.
Desde que llegó a la Xunta en 2009 y hasta que la dejó a finales de abril pasado, la Administración gallega entregó a los medios más de 25,9 millones de euros mediante más de 650 convenios que los comprometían en todo tipo de acciones.
Algunas tenían carácter genérico, desde «potenciar el uso del idioma gallego» hasta «fomentar la lectura de prensa escrita» entre los estudiantes y «promocionar la capitalidad de Santiago», pero sin que la Xunta estableciera requisitos sobre la manera hacerlo ni cómo controlar que efectivamente se hacía. Otras estaban centradas específicamente en la cobertura «mediante entrevistas y reportajes» de la actividad política de la Xunta y sus consellerías, para que apareciera como información propia de los medios y no como mera propaganda institucional.
Algunos de los convenios incluso están suscritos y financiados por entidades ajenas a la materia objeto del convenio. Así, por poner un ejemplo reciente, la Axencia Turismo de Galicia distribuyó en mayo de 2020 más de 860.000 euros entre una veintena de diarios y emisoras de radio para una campaña informativa sobre las medidas de desescalada de la emergencia sanitaria, con las que la citada agencia nada tenía que ver a pesar de que la memoria del convenio así lo asegura.
Ayudas a dedo
El segundo instrumento mediante el que Feijóo repartió dinero a las grandes compañías de comunicación fueron las ayudas directas entregadas a dedo por la Secretaría Xeral de Medios, también sin concurso público y por tanto no sujetas en su distribución a más criterios que la decisión sin motivar de los responsables de ese departamento, que dependía directamente de la Presidencia de la Xunta.
Entre 2011 y 2021 -no existe información pública sobre los ejercicios del 2009 y el 2010- la Administración gallega adjudicó ayudas a dedo por valor de 17,8 millones de euros, concentradas en siete grupos de comunicación editores de prensa escrita y titulares de emisoras de radio en la comunidad. En la exposición de motivos de las resoluciones que las anuncian, la Xunta justifica las ayudas en la necesidad de contar con «medios de comunicación plurales e independientes»
Feijóo se hizo con el poder en Galicia en 2009 por sólo un escaño de diferencia con la oposición, en plena crisis financiera y tras una campaña prometiendo austeridad. Fue encadenando recortes en sanidad, educación y servicios sociales desde su primer mes de gobierno, pero el presupuesto de subvenciones a dedo a la prensa siguió creciendo al tiempo que el PP repetía en Galicia mayorías absolutas más holgadas. Incluso con la nueva crisis derivada de la emergencia sanitaria, las ayudas no menguaron. En el 2020 llegaron a 1,89 millones de euros, y en el 2021, a 1,98 millones.
La principal responsable del reparto de ese dinero fue Mar Sánchez Sierra, jefa de prensa de Feijóo cuando estaba en la oposición y quien ocupó la Secretaría Xeral de Medios en 2013. Bajo su mando se repartieron desde entonces 14,4 millones entre las siete grandes empresas periodísticas de Galicia. Sánchez Sierra es hoy es la directora de Comunicación del Partido Popular.
15,8 millones para ‘La Voz de Galicia’
El gran beneficiado del dinero público que la Xunta de Feijóo repartió mediante convenios y subvenciones a dedo es La Voz de Galicia, el diario propiedad de Santiago Rey, que recibió en esos trece años más de 15,8 millones de euros de dinero público por ambos conceptos a través de su matriz, Corporación Voz de Galicia, y de sus filiales de prensa escrita, digital y radio. De esa cantidad, más de 8 millones corresponden a convenios opacos y el resto a ayudas a dedo.
Le sigue el grupo Prensa Ibérica, que preside Javier Moll y que edita en Galicia Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña. Desde el 2009 ha obtenido 7,1 millones de euros. De ellos, 4,2 millones por convenios y el resto por subvenciones directas.
En tercer lugar, con 5,24 millones, se sitúan El Progreso de Lugo y Diario de Pontevedra, propiedad de la empresaria lucense Blanca García Montenegro; y en el cuarto, La Región, de Ourense, y Atlántico Diario, de Vigo, cuyo dueño es el ourensano Óscar Outeiriño y que obtuvieron 3,37 millones.
La Editorial Compostela, que dirige José Manuel Rey Novoa y que edita El Correo Gallego, se llevó otros 3,04 millones de euros.
La cadena SER y su grupo de emisoras locales asociadas en Galicia recibió de los gobiernos de Feijóo 1,56 millones, por encima de Editorial La Capital, propiedad del empresario coruñés José Collazo, y que edita El Ideal Gallego, Diario de Arousa y Diario de Ferrol. A través de ellas, Collazo, también presidente del grupo Comar, un conglomerado mercantil con intereses en casinos, bingos, salones y máquinas de juego, se llevó 1,52 millones.
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