La Generalitat de Catalunya somete a consulta pública el decreto para regular los medios comunitarios

Sede del CAC en Barcelona

La Dirección General de Medios de Comunicación de la Generalitat de Catalunya ha sometido a consulta pública una primera versión del proyecto de Decreto de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro en Catalunya, con el objetivo de recoger las opiniones y el posicionamiento del sector. El período para hacer aportaciones finaliza el 31 de julio.

Con este decreto se pretende regular las radios y las televisiones del tercer sector catalanas para dotarlas de «seguridad jurídica» (actualmente se encuentran en situación de alegalidad), y al mismo tiempo prevenir la «proliferación» de emisiones comerciales sin licencia. En este sentido, la DGMC señala que, en los últimos años, el número de medios comunitarios ha ido disminuyendo (actualmente son unos sesenta, principalmente radios), mientras que el de medios comerciales que emiten sin licencia se ha ido incrementando.

El pasado febrero, la DGMC ya realizó una consulta pública previa a la elaboración del texto para recoger la opinión de la ciudadanía en general y del sector en particular.

El proyecto de decreto

El borrador del Decreto establece que los servicios de comunicación audiovisual de carácter comunitario son aquellos prestados por entidades privadas sin ánimo de lucro, entendiendo como tales «los servicios destinados a dar respuesta a las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de las comunidades y los grupos sociales a los que dan cobertura, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo «.

El texto indica que, para poder operar, los medios del tercer sector deberán someterse a un régimen de licencia que recogerá las condiciones el servicio y los compromisos adquiridos. El Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) sería el encargado de otorgar y renovar las licencias, que tendrían una duración de 15 años. La adjudicación se haría por concurso público.

El documento también señala que la programación de los medios comunitarios debe emitirse en abierto y no puede contener ninguna forma de comunicación comercial. Con todo, se aceptan las contribuciones en concepto de patrocinio cultural por parte de entidades que integran la economía social y del tercer sector, o para la promoción en el ámbito de la responsabilidad social corporativa.

También se establece que los contenidos «no pueden estar orientados al proselitismo religioso o político, ni el adoctrinamiento o la orientación ideológica o religiosa de carácter excluyente, dogmática o manipuladora, contrarios a los derechos fundamentales».

El borrador indica que las entidades sin ánimo de lucro deberán justificar la procedencia de sus fondos, así como el desglose de los gastos e ingresos. Además, los gastos de explotación no podrán superar los 100.000 euros anuales en el caso de las televisiones, y los 50.000 en el de las radios. También será necesario acreditar el pago de derechos, cánones o tasas que deriven de su actividad.

Consejo de la Comunicación Audiovisual Comunitaria

Esta primera versión del texto del Decreto prevé la creación del Consejo de la Comunicación Audiovisual Comunitaria sin Ánimo de Lucro, un órgano colegiado de participación ciudadana y de consulta en la materia que se reuniría con carácter ordinario dos veces al año.

El Consejo estaría formado por representantes del Gobierno de las áreas competentes en materia de medios, del Consejo del Audiovisual, de medios del tercer sector, de entidades asociativas locales y expertos en el ámbito de la comunicación.

Las funciones del Consejo serían asesorar e informar al Gobierno en materia de comunicación audiovisual comunitaria; proponer la realización de actuaciones para promocionarla; promover la elaboración de estudios, informes y evaluaciones sobre este ámbito; analizar la información sobre medios del tercer sector; elaborar y divulgar publicaciones y guías de buenas prácticas; promover la transferencia de conocimiento y el diálogo con otros observatorios, instituciones u organismos competentes en la materia, y analizar el impacto de las políticas de las administraciones públicas.

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