La sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, que se posicionaba en contra de la sentencia que declaró ilegal la adjudicación a una mpresa privada la gestión de su emisora municipal.
La sentencia, que aún podría recurrirse en casación, afirma que la ley del audiovisual impone que la gestión diaria de una emisora no puede ser externalizada. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya asegura que «no estamos ante un modo de gestión directa del servicio».
El tribunal también falló imponer a la parte demandada el pago de las costas causadas.
Por su parte, el presidente de la Asociació Catalana de Ràdio Miquel Miralles, asegura que “es lamentable que la ACR tenga que emplear tiempo y recursos en esta cuestión que es competencia de las instituciones que deben velar por el escrupuloso cumplimiento de lo articulado por la vigente Ley del Audiovisual de Catalunya, y en concreto de su artículo 23 que prohíbe, expresamente, la gestión indirecta de la radiodifusión de carácter público. Por otra parte, seguimos esperando acciones concretas y efectivas para acabar con las emisiones y las infraestructuras de las 150 emisoras clandestinas que operan en Catalunya, que interfieren las emisiones del sector público y privado, devalúan la imagen de conjunto de la radiodifusión del país y llaman la atención de organismos e instituciones europeas que consideran a Catalunya como país pionero y de referencia por su capacidad de generar una oferta plural y de calidad”.
La ACR ha ganado hasta ahora todos los recursos sentenciados
Ésta es la quinta sentencia ganada por la ACR y que confirma que no se puede ceder la explotación de una frecuencia municipal. Previamente a la de Sant Pol, se dictaminaron también en contra de las cesiones de explotación de los ayuntamientos de Barcelona (Radio Gràcia), de Girona y Castellvell del Camp.
La ACR ha denunciado en los últimos años las privatizaciones de las emisoras municipales de Girona, Sant Pol de Mar, Berga, Santa Cristina d’Aro, Castellvell del Camp (que emitía para todo el Camp de Tarragona), Santa Coloma de Farners y recientemente San Vicenç de Montalt, Sant Sadurní d’Anoia y San Just Desvern, entre otros.
Fruto de estas acciones, algunos ayuntamientos han cesado en este procedimiento ilegal de forma voluntaria y en otros casos han sido los juzgados los que han obligado a los ayuntamientos a echarse atrás en las privatizaciones.
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