El Gobierno olvida la radio digital en vehículos en el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones



DAB

Lamardeonuba.es publica que esta misma semana la portavoz socialista en la Propuesta de Ley de Compromís manifestaba en el Pleno su apoyo a trasponer la Directiva europea.

El pasado miércoles 4 de noviembre, durante el debate de la proposición de ley de medidas urgentes de radiodifusión sonora digital presentada por Compromís, la senadora socialista María Teresa Fernández Molina manifestaba que «la trasposición del código de comunicaciones electrónicas se va a efectuar con la tramitación y aprobación de una nueva Ley general de telecomunicaciones que sustituya la actual Ley 9/2014. A fin de trasladar el marco nacional a las condiciones de interoperabilidad de receptores de servicio de radio para automóviles, para receptores de servicios de radio de consumo y equipos de consumo utilizados en los hogares se van a revisar las condiciones y requisitos técnicos que deben cumplirse para receptores y emisiones DAB.»

El viernes 6 de noviembre, dos días después de oponerse el PSOE a la mencionada ley de medidas urgentes, la nueva versión del borrador de Ley General de Telecomunicaciones no sólo no ampliaba su alcance a los equipos de hogares, como decía la senadora, sino que suprimía la obligación de incluir receptores DAB/DAB+ en vehículos de la categoría M (coches y autobuses) comercializados a partir del próximo 21 de diciembre al eliminar la disposición final de octava de la versión anterior del citado anteproyecto, cuyo literal era el siguiente:

Todo receptor de servicios de radio integrado en un vehículo nuevo de la categoría M comercializado para su venta o alquiler a partir del 21 de diciembre de 2020 deberá incluir un receptor capaz de recepción y reproducción de, al menos, los servicios de radiodifusión ofrecidos a través de la radiodifusión digital terrestre.

Lo establecido en el presente apartado podrá ser objeto de modificación mediante real decreto, de conformidad con lo que dispongan las normas y actos emanados de las instituciones europeas.

“Es el claro ejemplo de hacer justo lo contrario a lo que se dice. Eliminan lo poco que había específico de radio digital del borrador de Ley General de Telecomunicaciones. Así es como este gobierno impulsa la radio digital”, denuncia Carles Mulet.

La coalición ya esperaba encontrarse reticencias hacia la radio digital por parte del PP, tras su rechazo a la moción presentada por Compromís para la creación de una ponencia de estudio de la radio digital en diciembre de 2018. Pero no por parte del PSOE.

No en vano, en el debate de dicha moción, la senadora socialista Elena Víboras afirmó que el propio Presidente del Gobierno potenciaría la radio digital, “algo que no ha sucedido ni por asomo dos años después. Llevamos ya nueve años de retraso… y los que nos quedan. Por su parte, el PSOE ha tirado dos años por la borda en esta última etapa y acaba de protagonizar otro triste episodio. En Europa se impulsa la radio digital con grandes coberturas y nuevas emisoras que no están en FM. Aquí, a base de discursos estériles y con acciones contrarias. Cuando decidan hacer algo, será tan tarde que ya no hará falta. El destrozo ya estará hecho y muchos pasarán a la historia por su inacción.”, ha destacado el senador valencianista.

Carles Mulet también ha recordado que «no transponer la Directiva por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas no exime de su cumplimiento. Por lo tanto, se deberá sancionar a todos aquellos que pongan en el mercado español vehículos nuevos de la categoría M para su venta o alquiler que no incluyan un receptor capaz de recibir y reproducir, al menos, la radiodifusión digital terrestre a partir del próximo 21 de diciembre.»

«El desconocimiento generalizado de radiodifusión digital terrestre en España puede convertir a nuestro país en el coladero de todos los stocks de vehículos europeos de la categoría M que no incorporen el mencionado receptor. Visto el último movimiento, tampoco esperamos ninguna medida de control, persecución del fraude o sanción por parte del gobierno. Los grandes perjudicados serán los ciudadanos. Una vez más», ha concluido.

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