El Defensor del Pueblo ha pedido a la Delegación del Gobierno en Madrid que se revoque la sanción a Mercè Alcocer, periodista de Catalunya Ràdio, que fue multada con 601 euros por una supuesta «infracción grave de desobediencia a la autoridad» en aplicación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza.
Los hechos se produjeron el 20 de febrero de 2016, ante la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid, cuando cubría como enviada especial la comparecencia de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, e intentó conseguir una declaración del abogado de el ex en zona no autorizada por la policía.
«Se impidió a los medios acceder a los abogados y al fiscal, dentro y fuera de las dependencias judiciales. Al no poder acercarme para obtener declaraciones, quise acceder por una calle lateral a la entrada de la Audiencia, y allí me pidieron la documentación», explicaba la periodista en mayo de 2016, cuando se notificó la multa. Según Alcocer, los agentes «entorpecieron en todo momento la labor informadora de los periodistas con un celo excesivo».
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información presentó una queja ante el Defensor del Pueblo, quien ha concluido que en la resolución de la Delegación del Gobierno «no se hace ningún juicio de proporcionalidad, ni se motiva la constitucionalidad de la sanción impuesta, ni siquiera se considera que pueda existir una limitación o afectación de un derecho fundamental».
En su respuesta a la PDLI, el Defensor remarca que «los límites impuestos al ejercicio de los derechos fundamentales deben ser establecidos, interpretados y aplicados de forma restrictiva y no deben ser más intensos de lo que es necesario para preservar otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos».
Según el Defensor, la aplicación del régimen sancionador de la Ley de protección de la seguridad ciudadana «no puede prescindir de la circunstancia de que los ciudadanos los que se imputa la infracción estén ejerciendo un derecho fundamental», como sería el caso de la periodista.
El Defensor del Pueblo ya se pronunció en el mismo sentido en el caso de la multa impuesta al periodista Axier López, que finalmente la Delegación del Gobierno en el País Vasco terminó revocando.
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