Las Provincias informa que la Generalitat aportará 25 millones al audiovisual y asumirá el pago de una cantidad similar por el IVA no declarado entre 2016 y 2020 si la Justicia falla contra la televisión.
El Consell y À Punt encarrilan el contrato programa del ente público tras dos años de negociaciones. La mayoría del Consejo Rector ha votado a favor del acuerdo establecido con el Gobierno valenciano, que contó con el voto en contra del consejero a propuesta del PP. El área de Presidencia es la que ha llevado el peso de una negociación muy conplicada y que se cierra justo cuando el tripartito aborda la recta final de la legislatura. De este modo, el Botánico afronta el último año antes de las elecciones sin conflicto con el ente.
La nueva hoja de ruta de la televisión y radio autonómica establece un presupuesto de 58 millones este año y el próximo. Aparte, el Consell se compromete a aportar este año 12 millones y el que viene otros 13, en un concepto nuevo y diferenciado del presupuesto anual de À Punt, dos partidas que se destinarán al sector audiovisual de manera específica.
Con esta diferenciación entre el presupuesto de la televisión y el de la aportación al sector, À Punt mantiene un porcentaje de su prespuesto destinado a personal por encima del tercio que está fijado por ley. Si la cantidad destinada al audiovisual se hubiera incluido en el global de las cuentas de À Punt, el exceso de gasto en la plantilla se hubiera regularizado.
El Consell y el ente televisivo también han acordado dar un trato preferencial a las retransmisiones de las misas católicas, una cuestión que durante un tiempo supuso un escollo en la negociación. Desde el área que dirige Ximo Puig se ha peleado que la televisión valenciana ofrezca «una presencia preeminente a la religión católica, dado su arraigo en el conjunto de municipios de la Comunitat», según señalan fuentes de la negociación. Finalmente, la Generalitat también se compromete a asumir el pago de los casi 25 millones pendientes de una resolución judicial por el conflicto que À Punt, como otras televisiones autonómicas, ha mantenido con Hacienda.
El ente público se dedujo la totalidad del IVA entre 2016 y 2020, algo que desde el Ministerio de Hacienda entienden como incorrecto, y le reclaman una cantidad de 24,8 millones de euros, lo que supone un auténtico quebradero de cabeza para la televisión. Desde Compromís se ha presionado para que fuera la Generalitat la que asumiera ese pago. Finalmente, el Consell se ha comprometido a que, en el caso de que los tribunales falle en contra de las tesis defendidas por À Punt, las cantidades reclamadas por Hacienda serán cubiertas por la Generalitat.
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