Sin radio ni televisión públicas a partir del próximo 1 de septiembre. La Radiotelevisión Canaria se quedará sin contrato con Retevisión el 31 de agosto próximo, fecha en la que expiran los acuerdos suscritos con el transportista de señales radioeléctricas, hoy en manos de Abertis, según se informa desde eldiario.es.
El caos reinante en la gestión del ente público canario aboca a una decisión in extremis que está previsto abordarse este jueves en una reunión convocada de urgencia por el presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, con el fin de proceder a una prórroga del contrato durante un año por importe de cuatro millones de euros.
No es una tarea fácil la que se propone Negrín porque sobre los acuerdos del Consejo Rector de RTVC que preside pesa la losa de la ilegalidad desde febrero pasado, fecha en la que causó baja por permiso de maternidad la secretaria de ese órgano sin que hasta la fecha se haya tramitado su sustitución por cualquier otro letrado o letrada de la Comunidad Autónoma.
Por eso Negrín va a intentar una pirueta que ya ha merecido informes contrarios del Consejo Consultivo de Canarias en la tramitación del todavía non nato reglamento del ente: en el primer punto del orden del día se puede leer que se abordará la “designación de consejero del Consejo Rector como secretario de la sesión convocada”.
Es decir, designar a uno de los tres miembros que quedan en ese órgano como secretario o secretaria simplemente para ejercer como tal en esta reunión que se supone crucial. No solo porque urge la renovación del contrato con Abertis, sino porque también se lleva a esa sesión la aprobación de las cuentas de la corporación pública, una obligación legal que expira precisamente este mismo viernes.
La aprobación de ese primer punto del orden del día se torna imposible. No solo porque lo impide expresamente la Ley de Radiotelevisión Canaria, sino también porque de los tres vocales que quedan en el Consejo Rector de RTVC la única persona que es licenciada en Derecho es María Lorenzo, nombrada a propuesta del PSOE, la consejera que ha venido denunciando públicamente la “ilegalidad manifiesta” en la que incurre el presidente por promover acuerdos y otras actuaciones del Consejo Rector sin contar con secretario o secretaria que dé respaldo jurídico a todo lo que allí está ocurriendo.
Además de María Lorenzo y de Santiago Negrín, el otro vocal que continúa en el cargo es Alberto Padrón, designado a propuesta del Partido Popular. Negrín no podría ser presidente y secretario a la vez, y Padrón tampoco es licenciado en Derecho, aunque es más que probable que no haga ascos a cualquier petición que se le curse.
Ninguna fuente consultada por este periódico ha sabido concretar qué salida se podría tomar este jueves ante una situación de bloqueo que ya empieza a alcanzar proporciones grotescas. Porque si se inicia la reunión sin secretario o secretaria y se rechaza el primer punto del orden del día por no ser ajustado a la ley, lo que ocurra a partir de ese momento en la sesión seguirá teniendo valor nulo.
De esa manera no solo quedaría sin aprobarse la renovación del contrato de transporte de señal de la radio y de la televisión, sino que tampoco quedarían aprobadas (al menos de forma legal) las cuentas de la sociedad, un trámite que no despierta especiales controversias por tratarse simplemente del reflejo contable de una actividad que, aunque plagada de polémicas y de irregularidades, no entra en valoraciones propias de otros ámbitos administrativos o judiciales.
Mientras las cuentas llegan avaladas por los técnicos contables, la renovación del contrato con Retevisión/Abertis presenta un voluntarista informe de un técnico de la confianza del presidente de RTVC. Según el criterio de este técnico, se descarta la convocatoria de un concurso y, por lo tanto, se promueve la renovación del contrato por el hecho de tratarse de un servicio asociado a la gestión de los Servicios Informativos de la televisión, tesis que se desmorona al abordarse en ese contrato de igual manera el transporte de la señal de la radio pública y la divergencia que existe entre el año en que se firmó el contrato con Retevisión (2013) y el año en que se adjudicaron los Informativos de Televisión Canaria a Videoreport Canarias (2008).
La televisión pública podría irse a negro y la radio pública se quedaría en silencio a partir de las 00:00 horas del 1 de septiembre si por parte del Parlamento de Canarias no se arbitran medidas de urgencia, siempre postergadas por las estrategias políticas de los grupos parlamentarios. Todos aseguran que es necesario cambiar la ley que ha conducido a esta situación tan rocambolesca, pero hasta ahora ningún paso ha servido para el desbloqueo.
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