Antonio Cattoni, de Canal Sur Radio, también ha sido multado por “alteración del orden público” durante el traslado del Gran Poder a la Catedral

Antonio Cattoni

Antonio Cattoni también ha sido sancionado por “alteración del orden público” durante el traslado del Gran Poder a la Catedral, en noviembre de 2016.
La Asociación de la Prensa de Sevilla denuncia que este periodista de Canal Sur Radio ha sido multado por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la ‘Ley Mordaza’, y por los mismos motivos que su compañero José Manuel de la Linde: por alteración del orden público. Cattoni no ha recibido aún la resolución, ni jamás ha tenido comunicación alguna de que hubiera sido denunciado y de que se le hubiera abierto un expediente sancionador.

Según ha sabido la APS, la denuncia contra Cattoni fue interpuesta por el mismo policía que, curiosamente, en un corta y pega manual, reproduce textualmente la misma acusación que a De la Linde: “El 3 de noviembre de 2016, a las 20.30 horas, en la calle Cuna, el denunciado obstaculiza de manera continuada el paso en el desfile procesional de la imagen del Cristo del Gran Poder, creando constantemente un grave peligro para los asistentes. Los actuantes son requeridos hasta en cinco ocasiones por los miembros de la Cofradía para solventar la situación con la reiterada desobediencia de este, manteniendo una actitud desafiante hacia los agentes, levantando continuamente la voz dice: “soy periodista y voy a escribir mal de la Policía”, creando malestar entre los asistentes, que le mandan a callar y creando una alteración del orden público”. En ambos casos, el policía refleja que tanto Cattoni como De la Linde se niegan a firmar la denuncia y a recoger copia de la misma. Ambas afirmaciones son rechazadas por completo por los dos periodistas, que reiteran que ni siquiera se les dijo que iban a ser denunciados.

Tras esta denuncia, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en aplicación de la ‘Ley Mordaza’, al igual que a José Manuel de la Linde, abrió un expediente sancionador a Antonio Cattoni, calificó los hechos como graves y le impuso una multa de 601 euros. Le concedió un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones, precisando que, en caso de no hacerlo, la resolución sería efectiva. Cattoni nunca recibió notificación del citado expediente. No obstante, según consta en la resolución que ha conocido la APS, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla hizo efectiva la sanción y la multa tras publicar la apertura del expediente en el Boletín Oficial del Estado, “ante la imposibilidad de realizar la notificación de dicho acuerdo en el domicilio del interesado”.

Antonio Cattoni cuenta que ese día, junto a José Manuel de la Linde, estaba en la calle Cuna durante el traslado del Gran Poder a la Catedral. Mientras que De la Linde informaba en directo para Canal Sur Radio, él se encontraba detrás, a una cierta distancia. Cuando vio que el policía intentó en varias ocasiones impedir el trabajo profesional de De la Linde, se acercó al agente, se identificó como periodista, y le pidió que dejase a su compañero realizar libremente su cometido. En ese momento, el policía le pidió su DNI y lo fotografió. Desde entonces, nada más ha sabido sobre estos hechos.

La Asociación de la Prensa de Sevilla, como en el caso de José Manuel de la Linde, rechaza y considera inaceptable la actuación del policía, la apertura del expediente sancionador y la multa. La APS pide a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla que abra una investigación interna para aclarar la actuación del citado agente y el contenido de su denuncia, en la que se falsea la realidad según la versión coincidente de los dos periodistas. También le pide que investigue los errores administrativos que se han podido cometer en la no comunicación del expediente sancionador y de la multa.

La APS no reclama que se les retire las sanciones económicas por el hecho de ser periodistas, porque ello supondría un trato de favor totalmente discriminatorio con el resto de la ciudadanía, sino que se proceda al sobreseimiento y archivo del expediente y de todas las actuaciones. Lo denunciado y sancionado, aplicando la ‘Ley Mordaza’, supone un atentado contra nuestro trabajo profesional y contra la libertad de información, algo que afecta a los periodistas y a toda la sociedad. La APS ha solicitado una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano.

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