20.06.2025.- Octavi Saumell informa desde diaridetarragona.com que la Oficina Antifrau de Catalunya mueve ficha. El ente autonómico ha enviado este jueves una notificación a los 15 miembros del consejo de administración de Tarragona Ràdio amenazando con sanciones de hasta un millón de euros en caso de cesar al gerente de la emisora, protegido por el organismo desde 2023 por ser un alertador de presuntas prácticas de corrupción en la compañía pública.
En el documento, al que ha tenido acceso el Diari, Antifrau considera que un despido del alto cargo podría ser entendido como una «represalia», después de llevar a Fiscalía ayudas y subvenciones otorgadas a entidades de la ciudad durante el mandato de Josep Fèlix Ballesteros (PSC) por valor de más de 800.000 euros.
Por ello, y después de tener conocimiento de posibles movimientos para cesar a Xavier de Gispert, Antifrau recuerda a los miembros del consejo de administración la «obligación» de comunicar al ente «cualquier decisión o acto preparatorio que pueda afectar a la esfera laboral de la persona protegida».
Por ello, en caso de que el órgano de dirección avalara un posible cese, Antifrau indica que este paso podría considerarse como una infracción «muy grave», que podrían llegar hasta el millón de euros. Además, según la ley 2/2023, el expediente también podría suponer «la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante cuatro años», además de «la prohibición de contratar con el sector público durante tres años», según se indica en la resolución.
«Reunión con tono constructivo»
A raíz de la notificación, lo cierto es que el consejo de administración no ha abordado el cese del gerente durante las dos horas de reunión. «El tono ha sido mucho más constructivo, valorando actuaciones de futuro, como se debía haber hecho desde el primer momento», indica la portavoz de ERC, Maria Roig.
Desde Esquerra se defiende «la actuación de todos los trabajadores de la radio», recordando que el actual gerente «fue designado tras superar un proceso de selección público».
El PP declina realizar manifestaciones tras el consejo de administración, mientras que desde Junts per Catalunya Jordi Sendra considera que «desde el primer día hemos defendido el trabajo de todo el equipo de Tarragona Ràdio, incluida la labor de su gerente. Y lo hemos hecho porque éramos conscientes de que lo que ocurrió el pasado 28 de abril no fue una cuestión de mala gestión, sino una consecuencia directa de las carencias técnicas que arrastraba la emisora».
Desde Junts se añade: «Celebramos que los informes encargados a los diferentes departamentos del Ayuntamiento –incluido el departamento técnico de la propia empresa municipal de medios– hayan confirmado esta realidad. Y celebramos, también, que aquellos que inicialmente tiraron la piedra y luego intentaron esconder la mano, ahora den marcha atrás y acepten lo que siempre hemos defendido: que hay que reforzar la infraestructura técnica, no señalar a quien ha estado trabajando».
Finalmente, Jordi Collado (ECP) asegura «respetar» la labor de Antifrau, pero asegura «no entender qué tiene que ver el requerimiento con lo que se debatía: en ningún momento se preveía ningún cese», indica.
El líder de la formación progresista detalla que «el requerimiento no ha cambiado nuestra posición: seguimos reclamando explicaciones que aún no se han dado y hemos solicitado que el acta se transcriba a partir del audio para garantizar la máxima transparencia. Luz y taquígrafos».
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