Octavi Saumell escribe en Diari de Tarragona que el consejo de administración decide entregar al Ministerio Público un informe con decenas de facturas abonadas a entidades, empresas y restaurantes por actividades ajenas a la compañía.
La Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació llevará ante la Fiscalía más de 250 pagos realizados desde la propia compañía entre los años 2009 y 2019, durante la etapa de Josep Fèlix Ballesteros (PSC) en la alcaldía de Tarragona y de Josep Maria Bonet en la gerencia de la firma. Según ha podido saber el Diari, el consejo de administración del ente municipal aprobó el pasado jueves entregar al Ministerio Público un informe jurídico elaborado por un bufete externo, en el que se detallan decenas de facturas (238) –que suman un montante global superior a los 800.000 euros– y que la actual dirección política de Tarragona Ràdio considera que corresponderían a «subvenciones encubiertas» y a «pagos fantasmas o injustificados» a entidades, empresas y restaurantes, según indica la presidenta de la firma pública, Paula Varas (ERC).
La decisión de dar el paso y entregar el documento al fiscal se aprobó la pasada semana con los votos a favor de ERC, Junts per Tarragona, CUP, En Comú Podem, Ciutadans y PP, con la única abstención del PSC. Según las fuentes consultadas, la documentación se registrará en la Fiscalía Provincial en pocos días, si bien el temor principal es que el caso pueda archivarse porque las acciones que se ponen sobre la mesa podrían haber prescrito.
«Una práctica habitual»
El trabajo que será enviado al Ministerio Fiscal fue elaborado por juristas externos al Ayuntamiento, que lo entregaron a la Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació el pasado 6 de junio. En julio, el documento fue enviado al Comité d’Ètica, Prevenció de Riscos Penals i d’Acompliment Normatiu (Cepran) de la Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona (AIE). Ya el 30 de septiembre tanto el informe jurídico como el del Cepran pasaron por el consejo de administración de la EMMCT, que decidió encargar la posible acción judicial al abogado Ramon Setó. Dos meses después, el pasado jueves 25 de noviembre, el letrado intervino en el consejo de la empresa que gestiona Tarragona Ràdio para avalar el contenido del informe y proponer acudir a la Fiscalía.
En concreto, el trabajo jurídico –al que ha tenido acceso este periódico– indica que «parece, por la documentación consultada y los expedientes no localizados, que podría haber habido una práctica habitual de contratación al margen de cualquier proceso legal», a la vez que se pone sobre la mesa que «se detectan indicios de una posible destinación de fondos de la EMMCT hacia finalidades distintas a las de su actividad como empresa pública». El texto añade que puede haber sospechas del «eventual otorgamiento de subvenciones encubiertas en forma de colaboración». En este sentido, el informe que avaló el jueves el consejo de administración recalca que «parece que se han podido cargar en las cuentas de la Empresa de Mitjans importes correspondientes a servicios ajenos a la empresa». Por todo ello, el documento –que fue aprobado por la mayoría de las formaciones políticas– concluye que «a la vista de las circunstancias indiciariamente detectadas, y teniendo en cuenta que el volumen de documentación que se ha tenido que consultar ha desbordado las previsiones iniciales, se entiende prudente recomendar a los órganos de dirección de la EMMCT poner los hechos en conocimiento de Fiscalía, a los efectos de que se pueda valorar la conveniencia de un análisis más detallado de los indicios detectados». Asimismo, el propio expediente reconoce la posibilidad de que, a raíz de la investigación que pueda abrir el propio Ministerio Público, «algunas de las situaciones que a primera vista han llamado la atención se revelen ajustadas a la actividad de la empresa pública» o que, asimismo, «las acciones de algunos de los hechos apuntados hayan podido prescribir».
Festes, Setmana Santa, AVV…
En el documento se revelan decenas de pagos que, según los abogados contratados, «parece que no tengan relación con los objetivos de la empresa», como serían facturas en restaurantes; encargos de trabajos a empresas privadas; colaboraciones con entidades de la ciudad en ámbitos como la Setmana Santa, las Festes de Sant Magí y Santa Tecla, la rumba, la Casa de Andalucía; o eventos de asociaciones de vecinos y de jubilados, además del Carnaval, conciertos o proyectos deportivos.
«Hemos cortado con este tipo de prácticas desde el primer día y, por ética y responsabilidad en la gestión pública, no podíamos hacer más que poner en manos de la Fiscalía las subvenciones encubiertas y los pagos fantasma o injustificados que hemos ido encontrando», indica la presidenta de Tarragona Ràdio, Paula Varas. Desde el gobierno municipal, el responsable de las relaciones con las empresas municipales, Jordi Fortuny (ERC), recalca que «ante las irregularidades que advierte el informe externo, y una vez analizado en profundidad, el consejo de administración ha actuado de forma diligente», y añade que una parte de lo investigado «se incorpora» al caso del desfalco descubierto en mayo de 2020, mientras que el resto «se entrega al fiscal por si ve elementos reprobables y en aras a la transparencia de los elementos recopilados».
Por su parte, la portavoz del PSC –Sandra Ramos– cree que la acción aprobada «es una cortina de humo para tapar la mala gestión y la incapacidad del actual gobierno». Para la edil socialista, «buscan desacreditar a la única alternativa que hay, como es el PSC» y añade que «si de verdad vieran indicios de delito no irían al fiscal, sino que presentarían una denuncia en el juzgado».
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