Puigdemont tenía previsto expropiar las licencias a RNE, Prisa, COPE y Atresmedia

Carles Puigdemont

Según informa hoy El Confidencial, el Govern de Carles Puigdemont tenía listo un plan para expropiar las licencias de radio y televisión a todos los medios nacionales que emiten en Catalunya en cuanto se produjera la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). La Guardia Civil encontró en un despacho del Palau de la Generalitat las cartas que el Ejecutivo de Junts pel Sí ya había redactado para comunicar oficialmente a los presidentes de Atresmedia, COPE, Corporación RTVE, Mediaset, Movistar, Grupo Prisa, Unidad Editorial y Vocento que tendrían que someterse a un nuevo proceso de adjudicación de frecuencias para poder seguir operando en territorio catalán.

Las misivas aparecieron dentro de un cuaderno descubierto en el despacho de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia durante el mandato de Puigdemont. La Guardia Civil detuvo a este alto cargo del PDeCAT muy cercano a Artur Mas el pasado 15 de marzo por su papel directivo en la campaña de publicidad institucional del 1-O. Está imputado por malversación de caudales públicos y desobediencia en la causa contra el procés que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona. Pese a ello, Quim Torra lo acaba de rescatar para su Gobierno nombrándolo secretario de Comunicación y de Medios de Comunicación, desde donde controla la Corporación Catalana de Medios de Comunicación (TV3 y Catalunya Ràdio) y el maná de las subvenciones a los medios.

La documentación localizada en su oficina del Palau confirma que participó activamente en el diseño de los pasos que debía dar Catalunya en los campos de la comunicación y la información para consolidar su ruptura con el resto de España. Las cartas que iban a recibir los presidentes de los grandes medios nacionales son concluyentes. “Como bien sabe, Catalunya se ha constituido, por la vía de un proceso democrático, en un nuevo estado de Europa”, arrancaba la misiva. “Como titular de Servicios de comunicación audiovisual que se prestan en Catalunya, le informamos que, para dar seguridad jurídica a todos los prestadores, se mantienen de manera provisional las condiciones respecto a la emisión de estos servicios y al uso del espectro radioeléctrico que estos conllevan”, continuaba, antes de anticipar los cambios que implicaba la nueva situación. “Próximamente le informaremos sobre cómo se llevará a cabo el proceso para otorgar de manera definitiva las pertinentes licencias para prestar los Servicios de comunicación audiovisual en Catalunya de acuerdo con el marco jurídico que en su caso, se pueda determinar. Para cualquier duda o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros”, terminaba la carta.

Según un informe de la Guardia Civil del pasado 12 de junio, la libreta en la que aparecieron las misivas “recoge una serie de medidas dirigidas a la creación de un Estado catalán y a garantizar el funcionamiento durante la etapa inicial”. El cuaderno no tiene fecha pero tenía “una marca de agua en diagonal y que recoge la inscripción ‘Versió impresa a abril de 2016′”. Asimismo, añade el informe, aparece en sus hojas “el logo y el nombre de la Generalitat”.

Molons también tenía preparadas otras cartas para comunicar inmediatamente la creación de un nuevo espectro radioeléctrico a las autoridades españolas e internacionales. Una de ellas estaba dirigida al ministro de Industria, Energía y Turismo en el momento en el que se redactó el documento, José Manuel Soria (dimitió el 15 de abril de 2016 por el escándalo de los Papeles de Panamá). “Apreciado ministro (…) Catalunya dispone ahora de plenas competencias en el ámbito de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual, y quería expresarle nuestra más sincera voluntad de colaboración entre los dos países en todo aquello que hace referencia a este marco competencial”, recogía el documento.

A continuación, la Generalitat advertía al ministro de que iba a liquidar las licencias de emisión en el suelo catalán. “Quería informarle que hemos comunicado a todos los titulares de los servicios de comunicación audiovisual que prestan servicios de comunicación en nuestro país, algunos de ellos desde el estado español, que de manera provisional se mantienen las condiciones respecto a la emisión de estos servicios en Catalunya y al uso del espectro radioeléctrico que estas conllevan”, planteaba la carta antes de comunicar los cambios supuestamente provocado por la DUI. “Próximamente les informaremos sobre cómo se llevará a cabo el proceso para otorgar de manera definitiva las pertinentes licencias para prestar los servicios de comunicación audiovisual en Catalunya de acuerdo con el marco jurídico que en su caso, se puede determinar”.

Cartas similares a la que iba a recibir el Gobierno de España estaban listas para ser remitidas al ministro de Economía, Industria y Nuevas Tecnologías de Francia, un cargo que en aquel momento ostentaba el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron; así como a los máximos responsables de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Grupo de Reguladores Europeo para los Servicios de Medios Audiovisuales (ERGA), la Unión Europea de Radiodifusión y el Organismo de los Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC). La Generalitat pretendía ocupar su propio asiento en esas organizaciones.

De hecho, los investigadores también hallaron en el despacho de Molons estudios sobre “la sucesión [de Catalunya] en la condición de parte de los tratados multilaterales ratificados por el Reino de España” en las áreas de la comunicación y la información, y documentos que recogen la creación de una “Agencia Gubernamental, un Consejo Nacional, su estrategia y un plan nacional de Ciberseguridad, así como se esboza la Ley de Ciberseguridad de Catalunya”.
“Este proceso de desconexión con la elaboración de estas estrategias no son fruto de operativas de salón, sino que tenían un objetivo real que no era otro que la declaración de independencia y proclamación de un nuevo estado”, señala el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso El Confidencial. “Es por tanto lógico e indudable que en estos planteamientos se empleasen recursos públicos, tanto humanos como económicos”, añade el informe, reforzando las acusaciones por malversación de caudales públicos que recaen sobre Molons y otros altos cargos del gabinete de Puigdemont. “Por el lugar y la persona donde y a la que se encontraron estos documentos, el despacho (en Palau de la Generalitat) de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, refuerzan lo mentado en párrafos anteriores”, concluye el informe.

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