La modificación de la norma audiovisual andaluza tendría consecuencias como la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión, además de permitir que emisora ilegales puedan emitir publicidad o campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad, sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.
La Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía solicita una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para iniciar el diálogo que permita al sector audiovisual posicionarse ante la modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía y alertar sobre las devastadoras consecuencias que tendrá para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática. Además, la Plataforma quiere hacer entrega al presidente andaluz de una batería de propuestas que permita la participación del sector audiovisual en el próximo desarrollo de los reglamentos contemplados en la norma andaluza.
Aquí se puede consultar el texto íntegro de la solicitud:
Estimado Sr. Presidente.
Le escribimos desde la recién creada Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía (PDCPA), integrada por 23 entidades representativas del sector en Andalucía, algunas de ellas con representación en el conjunto del Estado. Plataforma que tiene como objetivo la defensa de la Ley Audiovisual de Andalucía (LAA, 2018), elaborada con el consenso de todo el sector. Desde la PDCPA consideramos en riesgo muchas conquistas básicas de la LAA tras la aprobación del Decreto Ley 2/2020 y su posterior validación por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía.
Como usted sabe, el dictamen del Consejo de Estado del pasado 14 de abril encontró indicios de inconstitucionalidad en este decreto, tanto en la forma como en parte del contenido. A partir de este dictamen es posible que la aplicación del Decreto Ley 2/2020, quede en suspenso una vez que el Gobierno de la nación ha presentado recurso de inconstitucionalidad.
Por nuestra parte, los informes jurídicos que manejamos desde la PDCPA avalan la imposibilidad de privatizar los medios públicos locales, así como conectarse a medios privados, no tener instalaciones ni personal en el territorio de cobertura o emitir publicidad desde una emisora que no tenga título habilitante.
Ante la nueva situación creada, desde la PDCPA le solicitamos una reunión urgente para abrir un proceso de diálogo sobre el contenido del Decreto 2/2020 en las materias que afectan al sector audiovisual, con el ánimo de recuperar el consenso alcanzado en torno a LAA, que suscitó el apoyo unánime de todos los grupos políticos con representación parlamentaria, así como de medio centenar de entidades profesionales, sindicales, sociales, asociativas y empresariales del sector en Andalucía. Un consenso que, entendemos, no se debe romper en una materia de tanta trascendencia como es el sector audiovisual y la comunicación, esenciales en la vida de los andaluces.
Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía
Entidades integrantes
La Plataforma cuenta con las asociaciones de la prensa y periodistas de Almería, Jaén, Córdoba, Cádiz, Campo de Gibraltar, Jerez de la Frontera, Huelva y Sevilla; la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, el Colegio de Periodistas de Andalucía y la Red de Colegios de Periodistas de España; el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación de Sindicatos de Periodistas de España; la Red Estatal de Medios Comunitarios, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía, la Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla, las Facultades de Ciencias de la Comunicación de Málaga y Sevilla, la Agrupación de Periodistas de UGT-A, la Asociación de Usuarios de la Comunicación de España, la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía y la Plataforma Teledetod@s.
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