Lo ha contado Fernando Cano desde El Espanol:
COPE+ Granada, COPE+ Málaga, COPE+ Córdoba y Rock FM Córdoba siguen emitiendo en sus habituales frecuencias en el momento de escribir este artículo. Una situación que pasaría desapercibida y no tendría mayor importancia si no fuera porque estas cuatro emisoras fueron clausuradas el pasado mes de diciembre por la Junta de Andalucía por carecer de licencia.
En un documento oficial de la Junta de Andalucía fechado el pasado 13 de diciembre y al que ha tenido acceso El Español, la directora general de Comunicación Social, Marta Olea, confirmaba que este departamento había comprobado el cese de estas emisoras (más la frecuencia de Rock FM Málaga) «sin título administrativo habilitante».
De esta manera, la Junta respondía a una denuncia del periodista José Antonio Abellán -ex director de Deportes de COPE- que el 13 de enero de 2019 denunció que estas cinco frecuencias no tenían la autorización para emitir y que, por tanto, vulneraban la Ley General de Telecomunicaciones.
Es base a esta denuncia, la Junta y su Dirección de Comunicación Social comprobó que estas emisoras funcionaban en frecuencias en las cuales no tenían autorización —conocidas popularmente como radios piratas— y, por tanto, procedió a su cierre.
De hecho, en la carta a la que ha tenido acceso este diario se indica expresamente «que se ha comprobado el cese de las emisoras denunciadas», por lo que el organismo dio por finalizado el expediente.
El problema es que un mes y medio después de que la Junta constatara oficialmente que estas emisoras estaban cerradas, todas ellas han vuelto a escucharse en sus respectivos diales en los que -confirmó la Administración autonómica- no tenían licencia para operar.
Como se puede comprobar, todas ellas siguen funcionando en sus respectivas delimitaciones sin que la Junta de Andalucía haya hecho nada para impedirlo.
De hecho, el propio Abellán volvió a enviar un requerimiento a la Dirección de Comunicación Social de la Junta pidiendo que se volviese a fiscalizar a estas frecuencias que administrativamente constan como clausuradas. Pero no ha recibido respuesta.
En términos prácticos, estas frecuencias habrían incurrido en al menos dos infracciones tipificadas como «muy graves» en la Ley General de Telecomunicaciones: operar sin licencia y desestimar un requerimiento de cese de emisiones.
Esta misma Ley contempla sanciones de hasta veinte millones de euros por cada licencia que opere de manera ilegal y establece que si hay reiteración en la falta (como es este caso) podría dar pie a la inhabilitación de hasta cinco años del operador para la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
De esta manera, si la Junta confirmase que estas emisoras siguen operando pese el cierre ejecutado en diciembre, podrían ejecutar un duro golpe legal a COPE Andalucía, en estos momentos dirigida por Adolfo Arjona.
Si se logra demostrar la relación entre estas emisoras y COPE podríamos estar ante un problema para la cadena ya que la Junta tendría los argumentos para quitarle la licencia de operación en todo su ámbito de actuación, es decir toda la comunidad andaluza, por cinco años.
Una decisión que tendría dimensiones insospechadas para COPE ya que no sólo perdería su mayor vivero de oyentes (622.000 según el último EGM), nada menos que la quinta parte de toda su audiencia a nivel nacional, sino que además se produciría un hecho inaudito y es que su gran baluarte y comunicador estrella, Carlos Herrera, dejaría de escucharse en su propia tierra.
Andalucía es uno de los mayores soportes populares de Herrera. De hecho, anualmente COPE hace solo dos presentaciones en sociedad de su nueva temporada: una en Madrid y otra en Andalucía, donde Herrera y toda la plana mayor de COPE es arropada por las autoridades andaluzas.
Una muestra de la complicidad de COPE y Herrera es que el comunicador realiza habitualmente su programa desde su amada Sevilla, donde están los estudios con mayores recursos de COPE, después de Madrid.
El impacto económico también sería brutal, ya que COPE Andalucía aporta buena parte de los ingresos de la emisora a nivel nacional, los que desaparecerían si la cadena ya no podría escucharse en este territorio.
La pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía que, de momento, no ha movido ficha. Aunque el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) tiene la presión de los partidos que apoyaron su investidura.
Uno de los puntos del acuerdo de investidura entre el PP y Vox apuntaba precisamente al compromiso de «auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las concesiones de licencias de radio y televisión otorgadas y asegurar que las nuevas se concedan con criterios técnicos, para asegurar la profesionalidad, pluralidad, imparcialidad e independencia del poder político».
Es así como las emisoras de COPE que emiten sin frecuencia podrían convertirse en un dolor de cabeza para el Gobierno del Partido Popular si es que los propios partidos que han impulsado la investidura de Moreno deciden tomar cartas en el asunto o si la oposición decide investigar la situación. Fuentes del sector indican que es un tema que se está tratando en estos partidos, pero que de momento no han movido ficha.
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