La Generalitat catalana somete a información pública el decreto para regular las radios comunitarias

Radio Colores es una radio socio comunitaria de carácter cultural y educativo

El proyecto de Decreto de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro en Catalunya se halla en la última fase de tramitación. El Departamento de la Presidencia ha sometido la última versión del texto a información pública hasta el 3 de octubre para que se puedan presentar las alegaciones y las observaciones que se consideren oportunas, tal como establece la ley.

Con este decreto, el Gobierno autonómico regulará las radios y televisiones del tercer sector catalanas para dotarlas de “seguridad jurídica” (actualmente se encuentran en situación de alegalidad), y al mismo tiempo prevenir la “proliferación” de emisiones comerciales sin licencia. En este sentido, la Dirección General de Medios de Comunicación señala que, en los últimos años, el número de medios comunitarios ha ido disminuyendo (actualmente son unos sesenta, principalmente radios), mientras que el de medios comerciales que emiten sin licencia se ha ido incrementando.

El proyecto de decreto

El texto establece que los servicios de comunicación audiovisual de carácter comunitario son aquellos prestados por entidades privadas sin ánimo de lucro, entendiendo como tales “los servicios destinados a dar respuesta a las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de las comunidades y los grupos sociales a que dan cobertura, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo”.

El proyecto de decreto indica que, para poder operar, los medios del tercer sector deberán someterse a un régimen de licencia que recogerá las condiciones del servicio y los compromisos adquiridos. El Consell del Audiovisual de Catalunya sería el encargado de otorgar y renovar las licencias, que tendrían una duración de 15 años sin que puedan ser objeto de transmisión ni de arrendamiento. La adjudicación se haría por concurso público.

El documento también señala que la programación de los medios comunitarios debe emitirse en abierto y no puede contener ninguna forma de comunicación comercial salvo contribuciones en concepto de patrocinio cultural por parte de entidades integrantes de la economía social o para la promoción en el ámbito de la responsabilidad social corporativa.

También establece que los contenidos “no pueden estar orientados al proselitismo religioso o político, ni el adoctrinamiento u orientación ideológica o religiosa de carácter excluyente, dogmática o manipuladora, contrarios a los derechos fundamentales”.

El borrador indica que las entidades sin ánimo de lucro deberán justificar la procedencia de sus fondos, así como el desglose de los gastos y los ingresos. Salvo que el CAC lo autorice, los gastos de explotación no podrán superar los 100.000 euros anuales en el caso de las televisiones, y los 50.000 en el de las radios.
También será necesario acreditar el pago de derechos, cánones o tasas que deriven de su actividad.

Consejo de la Comunicación Audiovisual Comunitaria

El proyecto de decreto prevé la creación del Consejo de la Comunicación Audiovisual Comunitaria sin Ánimo de Lucro, un órgano colegiado de participación ciudadana y de consulta en la materia, que se reuniría con carácter ordinario dos veces al año.

Este Consejo estaría formado por representantes del Gobierno de las áreas competentes en materia de medios, del Consejo del Audiovisual, medios del tercer sector, entidades asociativas locales y expertos en el ámbito de la comunicación.

Las funciones del Consejo serían asesorar e informar al Gobierno en materia de comunicación audiovisual comunitaria; proponer la realización de actuaciones para promocionarla; promover la elaboración de estudios, informes técnicos y evaluaciones sobre este ámbito; analizar la información sobre medios del tercer sector; elaborar y divulgar publicaciones y guías de buenas prácticas; promover la transferencia de conocimiento y el diálogo con otros observatorios, instituciones u organismos competentes en la materia, y analizar el impacto de las políticas de las administraciones públicas en este ámbito.

Según datos del Observatori de la Ràdio y otras fuentes no oficiales, en Cataluña emiten 58 radios en estas condiciones, emisoras de poca potencia, la mayoría en el área metropolitana de Barcelona que apenas cubren un barrio o un pequeño municipio. Ofrecen una programación básicamente cultural y sin ánimo de lucro. Todas están en situación anómala y es esta situación de alegalidad la que se regularizarà.

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