Cuatro años después de que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción irrumpieran en el Ayuntamiento de Calvià para incautar documentación sobre la concesión de la radio pública durante el gobierno del PP de Carlos Delgado, siguiendo así una denuncia del PSOE, la Audiencia Provincial de Baleares da carpetazo a aquella denuncia y confirma que no se cometió ninguno de los delitos de corrupción denunciados.
Una conclusión que había sido ya alcanzada previamente por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma y ante la que había recurrido el actual alcalde del municipio, Alfonso Rodríguez Badal, ejerciendo la acusación popular.
El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia -el mismo del famoso caso Nóos- desestima el recurso y confirma ahora el archivo, manteniendo de forma unánime que «no existen indicios suficientes» para afirmar que el gobierno de Calvià entre los años 2004 y 2011 «actuó de forma deliberada y concertada» para beneficiar intereses particulares de personas vinculadas a sus gobernantes, socavando el erario público con la adjudicación del servicio público de radio. La Fiscalía también pidió el archivo.
El máximo órgano judicial de las Islas remarca que para la adjudicación de Radio Calvià se siguieron en todos los casos expedientes administrativos y que los servicios contratados fueron prestados, por lo que no hubo malversación de caudales públicos, como se denunció. Tras revisar la causa, las magistradas señalan que «no cabe identificar ilegalidad administrativa con conducta penalmente relevante» y que no se dio «un plus de arbitrariedad» en las decisiones del Ayuntamiento.
Asimismo, la Audiencia indica que de la documentación aportada se evidencia que la forma de adjudicación que siguió el Ayuntamiento presidido por el popular Carlos Delgado «fue esencialmente la misma desde el año 2002» y por tanto fue igual «en periodos anteriores al nombramiento del alcalde querellado». Es decir, bajo el gobierno socialista que le precedió, época en la que la alcaldesa era Margarita Nájera, compañera de partido del denunciante.
El tribunal agrega que «por lo que respecta a la falta de supervisión de los ingresos percibidos por la publicidad de la radio, es cierto que no hubo un control posterior, pero no se ha acreditado que se superasen los límites contractuales».
Y aunque, como ya indicó la jueza instructora de la querella originaria, Carmen González, advierte que pudo haber irregularidades administrativas y «se utilizaron en ocasiones fórmulas de contratación inadecuadas y existen anomalías procedimentales», no puede deducirse de ello que hubiera indicios de criminalidad. La Audiencia hace suyo un pronunciamiento anterior de la jueza instructora en el que se estableció ya que «aun siendo rechazable el uso indebido de procedimientos de contratación, en este caso no se deriva de ello el plus de ilicitud exigible» para que sea delito.
La Audiencia es clara al afirmar que «no consta en la causa que pudiese haberse utilizado con carácter general alguna estratagema para evitar la libre concurrencia». El archivo es firme y definitivo.
El estallido de la causa generó un gran impacto ya que su puesta en marcha se escenificó con un espectacular registro de la Policía Judicial en el Ayuntamiento de Calvià durante un sábado, coincidiendo con el día en que se casaba el ex alcalde de Calviá denunciado, Carlos Delgado. Aquella actuación, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma -el mismo que desde ese año impulsa una gran investigación sobre presunta corrupción policial en Palma y Calvià-, fue capitaneada por el fiscal Miguel Ángel Subirán.
Los socialistas habían puesto bajo sospecha contratos públicos por valor de 1,4 millones de euros tramitados durante siete años.
Delgado reaccionó ayer con dureza, manifestando que «he estado más de cuatro años con mi honorabilidad puesta en entredicho». Y sostuvo que «el Juzgado de Instrucción y la Ley de Enjuiciamiento Criminal obligaban a la discreción en la actuación de la Fiscalía y la Guardia Civil el día que acudieron a registrar el Ayuntamiento, día en que yo contraía matrimonio», recuerda. Y agrega que el resultado fue «bochornoso, con agentes sacando cajas vacías con la marca Ducados».
En un comunicado difundido ayer, el ex alcalde y ex conseller de Turismo se pregunta retóricamente:«¿Y ahora qué? ¿Quién me va a indemnizar por los daños morales sufridos por mí y por mi familia y por los perjuicios económicos causados?». Y sostiene que «alguien debería empezar a preocuparse por lo que está ocurriendo en nuestra Justicia y con las actuaciones de determinados representantes de los poderes del Estado».
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