El grupo de la CUP y el de Junts pel Sí han acordado una moción sobre las subvenciones y la publicidad institucional en los medios de comunicación privados que incluye un punto en el que se pone como condición que «mediante la aceptación de la publicidad institucional del Govern, los medios se comprometen a aceptar todas las campañas que lleva a cabo el Gobierno autonómico, como las relacionadas con comunicar todo lo necesario para el buen funcionamiento del referéndum del próximo 1 de octubre».
El diputado de la CUP, Albert Botran, que presentado el texto, ha exigido «coherencia» a los medios que reciben ayudas públicas o publicidad y ha indicado que se les debe exigir determinadas condiciones como la incorporación de mujeres en sus espacios de opinión así como «pluralismo» en «la campaña por el referéndum del 1 de octubre, que la queremos entera y normal tanto por el ‘sí’ como por el ‘no'».
Jordi Cuminal (JxSí) ha defendido el texto de la moción y ha recordado que hay «medios muy progresistas que aceptan publicidad de bancos, de empresas energéticas o de inmobiliarias». El diputado de Junts pel Sí ha remarcado que los medios de comunicación «deben decidir si aceptan o no aceptan a la Generalitat como un anunciante suyo».
Ciudadanos, el PSC y el PPC han votado contra este punto y Catalunya Sí que es Pot se ha abstenido. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha argumentado que este punto no era necesario porque «cada día TV3 hace campaña sobre el 9-N». El diputado del PSC, David Pérez, David Pérez, acusó a los dos grupos parlamentarios de «trasladar el conflicto a los medios, públicos y privados» y manifestó que el referéndum «no es una campaña institucional» porque es «partidista».
La diputada de CSQP, Marta Ribas, ha retraído a la CUP y JxSí que «los medios que acepten publicidad institucional deban publicarse también publicidad institucional sobre el referéndum del 1 de octubre» y acusó a los dos grupos parlamentarios de «provocar un problema en los medios de comunicación» y «ponerlos en la tesitura de tener que elegir entre una legalidad o la otra». Finalmente, Juan Milán, del PPC, lo ha calificado de «ataque brutal a la libertad de prensa».
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