Paola Ugaz escribe en ABC que el año 2022 ha tenido un mal inicio para el ejercicio de la libertad de expresión en Perú. Al allanamiento sin motivo alguno en la casa del periodista Pedro Eduardo Salinas, que acaba de terminar un libro sobre una organización católica, y a la demanda condenatoria contra el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel por el libro ‘Plata como cancha’ se suma ahora el cierre de la radio PBO, que si bien no tenía licencia desde 2013, resulta más que cuestionable el momento elegido para la clausura de esta emisora de línea opositora.
La radio PBO, que se transmite a través de la señal cuyo dueño es Ricardo Belmont Vallarino, fue intervenida y clausurada ayer por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú.
Fuentes cercanas al empresario explicaron a ABC que «carecer de licencia desde 2013 era subsanable, y ya desde abril de 2021 estaba en plena litigación para resolver el problema, pero Belmont se enteró de la peor manera de que quedaba en fuera de juego», es decir, sin señal oficial. Periodistas de PBO, como Phillip Butters, calificaron el hecho de «atropello a la libertad de expresión».
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) «pide a la Fiscalía que dé detalladas y públicas explicaciones acerca del allanamiento y el descerraje del local donde se ubica el transmisor de Radio PBO. «Esta organización es y será siempre defensora de la formalidad en la industria de las comunicaciones. Reconoce que al allanar y descerrar una radio que carece de licencia de funcionamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se está cumpliendo un procedimiento que se ajusta a la Ley de Radio y Televisión», indica el CPP, al tiempo que agrega que «es cuestionable la oportunidad y el momento en el cual la Fiscalía ha llevado a cabo este proceso». El Consejo de la Prensa concluye que «la radio en cuestión no tenía licencia desde hace varios años… Por ende, queda la duda de por qué no se tomaron acciones cuando venció la licencia y se opta en estos momentos por cerrar una radio de línea opositora».
El 8 de enero de 2022, el fiscal Reynaldo Abia ordenó a un grupo de veinte policías armados hasta los dientes que allanasen la casa de Pedro Eduardo Salinas -periodista y coautor de ‘Mitad monjes, mitad soldados’- so pretexto de que forma parte de la presunta red criminal Fortuna VIP (sic). A Salinas se le acusa de formar parte de una organización criminal sin presentar una prueba sostenible. Se llevaron su teléfono celular y no le ha sido devuelto. No se pudieron llevar el ordenador donde se encuentra el último libro, aún inédito, que ha escrito sobre el Sodalicio, porque estaba encadenado a la pared.
El 10 de enero, un juzgado condenó por difamación al periodista y autor del libro ‘Plata como cancha’, Christopher Acosta, y al director editorial Jerónimo Pimentel tras una demanda de 100 millones de soles (31 millones de euros) realizada por el excandidato presidencial César Acuña.
«Lo que ocurrió en el domicilio de Pedro Salinas escapa a cualquier test de proporcionalidad… nos preocupa que esto pueda tener un efecto de autocensura sobre el próximo libro o sobre el próximo político, dijo Pedro Vaca, el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
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