Josep M. Pena informa desde diarimes.com que la concejala Paula Varas, presidenta del consejo de administración de la Empresa municipal de Medios de Comunicación de Tarragona (EMMCT), de la cual depende Taragona Ràdio, ha sido citada en calidad de investigada por el titular del juzgado de instrucción num. 2 de Tarragona, a consecuencia de una denuncia interpuesta por el antiguo gerente de la empresa, Josep Maria Bonet, que le acusa de haber estado utilizando su firma electrónica durante unos meses después de su despido.
Bonet fue despedido del EMMCT en junio de 2019, pero asegura que siguieron avalando con su firma varios trámites administrativos de la empresa hasta el año siguiente. La denuncia incluye a Núria Pallarès, secretaria del consejo de administración del EMMCT. Las dos tendrán que declarar en los juzgados el día 7 de julio.
Josep Maria Bonet ejerció de gerente de la empresa municipal entre los años 2017 y 2019, durante los mandatos del PSC. Posteriormente, con la formación del equipo de gobierno actual, encabezado por ERC y con Paula Varas de presidenta del EMMC, fue apartado de sus funciones y despedido. Sin embargo, tal como detalla en su denuncia, «después del 13 de septiembre de 2019 tuve conocimiento que los poderes mercantiles no habían sido revocados».
Estos poderes incluyen la firma electrónica, con la cual se hicieron varios trámites de la empresa con la Agencia Tributaria hasta el mes de enero de 2020. Bonet envió, en dos ocasiones, sendos burofax tanto a Paula Varas como a Núria Pallarès, requiriendo que se le diera de baja en el Registro Mercantil, cosa que no sucedió.
«Después de mi destitución se utilizó, obviamente sin mi consentimiento y sin mi autorización, mi firma digital», afirma Bonet en el texto de la denuncia. Por esta razón, considera que las denunciadas «podrían ser autoras de un delito de suplantación o usurpación de identidad de los artículos 402 y 402 bis del Código Penal; y de usurpación de atribuciones de los artículos 506 y siguientes del Código Penal».
Diligencias
La denuncia de Bonet, fechada el 3 de marzo de este año, ha sido tenida en cuenta, y ahora el juzgado número 2 ha puesto en marcha diligencias previas, citando Varas y Pallarès en calidad de investigadas.
ERC, por su parte, hizo público ayer un comunicado donde indicaba que «de la denuncia no se desprende que haya pruebas fehacientes de que las dos personas denunciadas hayan utilizado este certificado. En todo eso, si alguien ha utilizado su certificado sólo puede ser una persona a quien él mismo haya dado las claves».
ERC quiso contraatacar añadiendo que «esta denuncia llega después de que se hayan llevado a la Fiscalía prácticas irregulares y subvenciones opacas de la etapa del exgerente y que harían referencia a una mala gestión. Esperamos que esta manera de hacer se destierre para siempre de nuestra ciudad».
Finalmente, la misma Paula Varas dijo que «esta denuncia permitirá investigar a fondo las faltas administrativas que presuntamente existen en este tema y al mismo tiempo aclarará quien puede haber utilizado el certificado digital. Tengo la seguridad de que todo se acabará aclarando, más allá de la cortina de humo que algunos intentan promover para sacar el foco de las causas que tienen en los juzgados. Trabajamos para que la ciudad de Tarragona sea ejemplo de buen gobierno, transparencia y rigor».
Los otros grupos del equipo de gobierno se mantuvieron en esta línea. Cristina Guzmán, en nombre de Junts per Tarragona, remarcaba que «es muy relevante que la persona que ha puesto la denuncia sea alguien que está siendo investigado por presuntas irregularidades graves en la empresa de medios. Esta maniobra parece un intento en la desesperada por poner una cortina de humo a una manera de actuar que ha hecho mucho daño a la reputación del Ayuntamiento y de la administración», y añadió que «aparentemente no ha habido una usurpación, ya que fue el propio denunciante quien cedió su certificado digital para que otra persona hiciera uso, aun sabiendo que los certificados digitales son personales e intransferibles».
Eva Miguel, portavoz de la CUP, por su parte, argumentaba que «levantar alfombras y hacer caer las máscaras de las presuntas prácticas corruptas del PSC en Inipro y ahora en el EMMCT tiene sus consecuencias y no sale gratuito. Lo estamos viendo ahora, y no es la primera vez».
Sandra Ramos, en nombre del PSC, cree que el certificado digital se quedó en el ordenador del trabajo de Bonet ya que «lo echaron no sólo de su cargo de gerente, que es de confianza, sino de su puesto de trabajo, y no vació el aparato». Cree que la suplantación no se puede negar, porque «es un hecho objetivo y no una cuestión opinable. Por eso, Paula Varas tendría que dimitir», concluye.
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