El CAC pone en su punto de mira a tres emisoras del Grupo COPE

COPE Lleida

Tal como cuenta ElDiario.es, las emisoras de radio pirata en Catalunya no han parado de aumentar en los últimos años. Según datos de 2016 de la Asociación Catalana de Radio, en el territorio catalán operan 199 radios legales, mientras 127 lo hacen sin licencia. En vista de estas cifras, la Generalitat priorizó en su plan de gobierno la ordenación del espacio radioeléctrico por medio de la Dirección General de Medios Audiovisuales, que en los últimos meses ha intensificado su lucha contra las radios piratas.

En esta batalla contra las emisiones ilegales, una empresa destaca por encima del resto por ser una de los grandes grupos de radio españoles: la COPE. Medios Audiovisuales ha puesto en su punto de mira tres emisoras ilegales de cadena (COPE Lleida 97.4, Rock FM Lleida 94.9 y COPE Sant Feliu de Guixols 90.1), a las que abrió un expediente informativo en noviembre del año pasado y que, en estos momentos, continúa investigando. Las emisoras del grupo COPE investigadas son dos de Lleida y una de Girona. Eldiario.es ha intentado ponerse en contacto con responsables de la cadena durante dos días para poder reflejar su versión, sin obtener respuesta.

Por su parte, la Generalitat explica que una vez recabe los datos suficientes, si contrasta que ha habido una infracción, procederá a abrir expediente sancionador. Esto implicaría la imposición de una multa económica, además del cierre de la emisión de las radios piratas.

Que los expedientes abiertos a estas emisoras se conviertan en sancionadores y, por tanto, que las tres emisoras se vean abocadas al cierre no es una opción que se pueda descartar habida cuenta de los precedentes. Según los datos de la Administración, en los últimos dos años la velocidad del ritmo sancionador ha aumentado: En 2016, por ejemplo, se abrieron 18 expedientes informativos y 12 sancionadores y, en lo que va de año 2017, han sido 3 los expedientes informativos abiertos y otras 3 las emisoras cerradas.

Música, tarot y grandes cadenas

Respecto a las cadenas objeto de estos expedientes, la dirección general dibuja un perfil amplio. Las más numerosas son musicales con inserciones publicitarias, aunque las que han comenzado a hacer furor durante los últimos años son las del tarot y otras estafas adivinatorias. El negocio de estas últimas, como en las televisiones, se basa en captar llamadas, aunque en ocasiones también hay inserciones publicitarias. Tanto las musicales como las tarotistas y otras obtienen sus beneficios de operar en negro, a veces desde grandes distribuidoras radicadas por todo el territorio español.

Pero no todas las emisiones piratas operan en negro. Entre ellas también se encuentran las de grandes cadenas comerciales, que disponen de licencias para muchas emisiones pero que deciden maximizar su alcance con emisiones para las que no tienen licencia. Este es el caso de la cadena COPE.

“El incumplimiento de la ley es el mismo en el caso de las grandes productoras que operan en negro, de los particulares que se lucran o de las grandes cadenas conocidas, y lo perseguimos de la misma forma”, afirman desde la dirección general de Medios Audiovisuales de la Generalitat. Tanto es así que, ante la dificultad técnica de cancelar una emisión, en los últimos meses la Generalitat ha activado un plan que prevé el uso de portadoras sin modular, que introducen en las frecuencias pirateadas un pitido que anula la emisión.

El “pitido”, recuerdan desde la Generalitat, se introduce en casos extremos en los que el resto de medidas para acabar con la emisión no han funcionado, y siempre después de la apertura del expediente sancionador.

Efecto potencial en COPE

Por el momento y mientras el expediente sea informativo, sobre las tres emisoras de la COPE investigadas no se activará ningún “pitido”. Pero este no es motivo suficiente para tranquilizar a la cadena de la Conferencia Episcopal, ya que la actuación de la Generalitat pone en riesgo un porcentaje importante de su modelo de negocio.

Fuentes del sector afirman que las emisiones pirata del grupo representan entre un 20% y un 30% del total de la cadena, y el propio consejero delegado de COPE, Fernando Giménez Barriocanal, ha reconocido en diversas ocasiones la existencia de esta práctica en su empresa.

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