Compromís quiere acelerar el Consell Audiovisual para desbloquear las licencias de radio



Y así lo explican desde Valencia Plaza: El pasado 11 de febrero la comisión de RTVV y del Espacio Audiovisual ratificó el nombramiento de Alfred Costa como nuevo director general de À Punt. Una de los principales frentes que tenía abiertos la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), junto al relevo de la Presidencia del ente que ocupa Enrique Soriano quien trasladó hace meses al jefe del Consell su intención de abandonar el órgano y a quien podría sustituir Mar Iglesias, actual vicepresidenta, de forma transitoria hasta que el Botànic II halle un candidato de consenso que sea respaldado por algún partido de la derecha para alcanzar la mayoría requerida -necesita 66 votos favorables en votación en el Parlamento y los partidos del Gobierno valenciano tan solo suman 52-.

Con la cuestión de la dirección general resuelta, el síndic de Compromís Fran Ferri quiere que se sigan tachando otras tareas pendientes vinculadas a los medios de comunicación públicos valencianos y que se han demorado en exceso en los últimos meses. Para la coalición valencianista la más importante es el Consell del Audiovisual por las funciones que tiene atribuidas este órgano independiente; potestades que van desde proponer candidatos a la Presidencia de la CVMC a Les Corts Valencianes, hasta intervenir en los procesos de adjudicación de licencias.

Dos asuntos que resultan especialmente relevantes en el contexto actual: el primero, porque hoy por hoy existe un bloqueo en el Parlamento para que el Botànic pueda sumar el respaldo necesario para sacar adelante cualquier propuesta que haga para renovar formalmente la Presidencia -independientemente de que para el futuro más inmediato se piense en que Iglesias asuma temporalmente el cargo; el segundo, porque la Generalitat sigue sin poder adjudicar las 31 licencias analógicas de radio después de 13 años y al que ahora podría sumarse el lío de las licencias de radiodifusión digital terrestre.

Así, tal y como avanzó este diario, Compromís es partidario de constituir el Consell del Audiovisual cuanto antes para que sea esta entidad la que proponga un aspirante a la Presidencia de la CVMC. ¿Los motivos? Con ello se evitaría afinidades de cualquier candidato con una formación política en concreto, ya que actualmente es el PSPV el partido con potestad para poner sobre la mesa nombres. Con ello, los aspirante a suceder a Soriano propuestos por este organismo -que deberán componer expertos en el ámbito de la comunicación- no generarían animadversión en otras fuerzas políticas, especialmente en las de la oposición que son quienes tendrán la llave para desbloquear la renovación.

La normativa de la Corporació especifica en su artículo 11.2 que el proceso para la elección de la Presidencia del Consejo Rector, a la que también corresponderá la presidencia del ente, se iniciará por el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, «que abrirá una convocatoria pública y seleccionará a un máximo de tres candidatos o candidatas, emitiendo un informe sobre el proceso de selección y sobre los candidatos o candidatas propuestos, que presentará ante la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual». A partir de ahí, sería la comisión del Parlamento valenciano la encargada de seleccionar a uno de ellos y proponerlo al pleno de la cámara para su nombramiento.

Por otra parte, la disposición adicional séptima de la ley del Servicio Público de Radiodifusión del ámbito autonómico establece que el «Consejo del Audiovisual Valenciano intervendrá en los procesos de adjudicación de licencias». Si bien no determina el grado de participación que tendrá en la toma de decisiones, sí regula que participará en dichos procesos.

En este punto, conviene apuntar que el concurso para adjudicar licencias de FM se convocó en mayo de 2018, pero venía arrastrándose desde 2007. El concurso convocado ese año por el Consell de Francisco Camps fue declarado desierto en 2011. Entonces se convocó otro proceso que estuvo a punto de adjudicarse pero que el Gobierno de Alberto Fabra dejó sin firmar cuando perdió las elecciones en 2015. El nuevo Ejecutivo de Puig tampoco quiso firmarlo y en 2016, por razones de interés público, renunció al otorgamiento de las licencias convocadas. Esta fue la decisión que recurrió una empresa.

En mayo de 2018, la Generalitat convocó un nuevo concurso para adjudicar estas frecuencias pero a finales de 2019 la sentencia del TSJCV obligó a retrotraer las actuaciones al momento previo a la resolución impugnada. Si el Supremo ratifica el fallo, la Generalitat deberá adjudicar el concurso de 2016; si lo revoca, la actual secretaria autonómica de Comunicación Blanca Marín podrá continuar con el de 2018. Y entretanto, el lío de la radio digital terrestre.

El limbo del Consejo del Audiovisual
Ahora bien, conviene recordar cuál es la situación actual del citado Consejo del Audiovisual, órgano al que le corresponde velar por la calidad de la información que se emita en À Punt para que sea imparcial y que tres años después de haberse aprobado la ley todavía está por constituir.

La legislatura pasada los partidos del Botànic aprobaron la ley que debía dar vida al citado organismo. Sin embargo, pocos minutos después Podem solicitó su modificación para cambiar el método de elección de los consejeros. Un cambio que no llegó a realizarse porque finalizó la legislatura y que, a pesar de adoptar el compromiso de retomar este deber pendiente en esta legislatura, todo parece indicar que no se acometerá.

Podemos quería en la legislatura pasada modificar la ley para que todos los consejeros que integraran el órgano (un total de siete) fueran designados por Les Corts y que el presidente del mismo fuera elegido por la Cámara y no por el president de la Generalitat, Ximo Puig, para garantizar su neutralidad y evitar así que el organismo estuviera mediatizado por el Consell. La ley actual fija que cinco son elegidos por el Parlamento y dos por el Gobierno, y la presidencia del mismo sería designado por el jefe del Ejecutivo.

A pesar de que la intención era que el nuevo grupo, Unides Podem, retomara la reforma pendiente, finalmente no lo harán. De momento, la constitución de este órgano sigue pendiente.

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