Elperiodic.com publica que el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha presentado una moción en el Senado que insta al Gobierno a elaborar, aprobar y ejecutar un plan nacional para acabar con las emisiones ilegales de FM, con medidas concretas que permitan conocer la relación real de emisiones ilegales por provincias, la asignación efectiva de recursos a las administraciones para perseguir y combatir el fraude, iniciando cuantos procedimientos legales resulte oportuno y llevar a cabo la regularización de las emisiones de la Banda II cuanto antes. En este escenario caótico, incluso llama poderosamente la atención que sea la propia Asociación Española de Radio Comercial (AERC) quien haya denunciado la existencia de más de 2.400 emisoras ilegales, cuando miembros suyos reconocen abiertamente que ellos mismos están emitiendo ilegalmente.
Mulet ha señalado que “para un mejor cumplimiento de los objetivos propuestos, se deberán conocer trimestralmente mediante los informes oportunos las actuaciones llevadas a cabo, la reducción efectiva de las emisiones ilegales y las dificultades que se van encontrando para, en su caso, dictar a la mayor brevedad posible cuantas medidas adicionales que permitan lograr los fines perseguidos”.
La existencia de emisoras ilegales de FM es un tema bien conocido en nuestro país desde el momento en que se popularizan dichas emisiones a principios de los años ochenta. Desde entonces, si bien ha habido evolución en el marco legislativo, es un asunto que, según constata Mulet “no se ha perseguido en nuestro país con la contundencia suficiente como para erradicarlo, sino más bien, todo lo contrario, puesto que nuestro país está a la cabeza en Europa en número de emisora ilegales de FM en la actualidad”.
La competencia desleal de las emisoras ilegales frente a las emisoras legales es absolutamente “injusta y desproporcionada”. Mientras que las emisoras ilegales inician emisiones donde y cuando quieren con la cobertura territorial que le permite su economía, sin importar ni siquiera si están interfiriendo perjudicialmente a terceros que emiten dentro de la legalidad, las emisoras legales han tenido que presentarse a concursos de adjudicación compitiendo frente a otras propuestas, cumpliendo con una serie de condiciones. Además, necesitan presentar proyectos técnicos de las instalaciones desde donde van a iniciar emisiones regulares en las frecuencias que tienen autorizadas, someterse a inspecciones de reconocimiento de dichas instalaciones para comprobar que emiten con los parámetros técnicos autorizados (fundamentalmente ubicación y potencia, pues afecta al área de cobertura) y pagar anualmente unas tasas de espectro en función del área de cobertura.
Un marco legal que atribuye competencias distintas a la administración central y a las autonómicas tampoco ayuda a solucionar el problema si no, más bien, todo lo contrario. “No parece que tenga mucho sentido que la emisión sin título habilitante sea asunto de las comunidades autónomas y que las interferencias perjudiciales lo sean de las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, salvo que exista una coordinación efectiva y una voluntad conjunta de luchar para perseguir el fraude y erradicar esta práctica”, ha agregado.
Pero ni siquiera hace falta ir tan lejos. Basta con observar que el artículo 60 de la Ley General de Telecomunicaciones 9/2014, de 9 de mayo señala que “el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad y administración corresponde al Estado”. La Ley recoge hasta 17 razones tipificadas expresamente como infracciones muy graves a lo dispuesto en ella y la emisión sin título habilitante es una de ellas, sancionable hasta con veinte millones de euros. Pero no parece existir una voluntad decidida por parte de las administraciones para hacer cumplir este precepto. “Más bien, todo lo contrario, pues existe casi total impunidad al respecto”, ha agregado Mulet.
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