Pedro Pérez Bozal escribe en merca2.es que el pulso entre la Cadena COPE y José Antonio Abellán vivió este pasado 8 de mayo un nuevo capítulo, en este caso con el letrado José Ramón Gortazar como protagonista.
El secretario del Consejo de Administración de la emisora y abogado de la Conferencia Episcopal tuvo que declarar en el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid por haber llamado más de 30 veces por teléfono a José Antonio Abellán el 22 de agosto de 2022.
Gortazar, tal y como señalan fuentes judiciales a merca2.es, admitió haber realizado las llamadas y negó haber amenazado a Abellán, que cree que el aluvión de llamadas se debe al nerviosismo que se instaló en la Conferencia Episcopal porque el mes anterior al incidente, el 28 de julio de 2022, se comprometió a entregar antes del 6 de septiembre de ese año en el Juzgado número 6 de Majadahonda un dossier que comprometía a la cúpula eclesial.
MALO «PARA ÉL Y SU FAMILIA»
Abellán asegura en su denuncia que Gortazar en la primera llamada, la única en la que hubo conversación entre ambos, le exigió «no presentar la citada documentación», diciéndole que esto sería malo «para él y su familia».
Cabe recordar que el ex jefe de Deportes de COPE acusa a la Conferencia Episcopal de amenazas, persecuciones, planear su secuestro y estudiar su asesinato por haber denunciado que directivos de la emisora robaron 47 millones de euros procedentes de los conciertos solidarios de Cadena 100.
Abellán también ha denunciado que Gortazar, Fernando Giménez Barriocanal (vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y ex presidente de COPE), Rafael Pérez del Puerto (ex consejero delegado de COPE) y el obispo José María Gil Tamayo el 31 de mayo de 2018 acordaron pagar 300.000 euros a dos personas en el Hotel Ritz de Madrid para «acabar con su vida».
LOS TERRENOS DE LA MARQUESA DE MUÑOZ
La ex estrella de COPE, en agosto del pasado año, se encontraba recabando información sobre unos terrenos de la Fundación Marquesa de Muñoz con los que el Obispado de Ávila ganó 19 millones de euros que utilizó para enjuagar las pérdidas de la Universidad Católica de Ávila.
El origen de la polémica se encuentra en la millonaria María Francisca Muñoz Frías, Marquesa de Muñoz, que murió sin descendencia en 1965 y legó su fortuna al Obispado, que debía crear una fundación que, entre otros asuntos, tenía que garantizar que sus propiedades no se venderían.
El Obispado de Ávila, en 1965, adquirió obligaciones como la de comprometerse a no vender los bienes, ya que la Marquesa de Muñoz en su testamento señala de forma expresa que, con las rentas que se obtengan de sus propiedades, se debían pagar ayudas a los más necesitados, vocaciones en la ciudad y misas en su recuerdo que no se están realizando.
LA FINCA DE LA ALDEHUELA, EN EL OJO DEL HURACÁN
Entre estas se encontraba la dehesa abulense La Aldehuela. Esta finca de más de un millón de metros cuadrados fue recalificada por el Ayuntamiento de Ávila en 2005 y tres años después, contra lo exigido por la Marquesa para ceder su herencia, era vendida por 19 millones de euros por el Obispado a una compañía en quiebra técnica, El Habit S.A., que pudo hacer frente a la compra gracias a la financiación de Caja de Ávila, gran perdedora de este pelotazo eclesial.
Los polémicos terrenos abulenses acabaron hace dos años en manos de una empresa de la Junta de Castilla y León, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL).
Cabe recordar que el Código Civil de España en su artículo 797 refleja que lo dejado en testamento «puede pedirse desde luego, y es transmisible a los herederos que afiancen el cumplimiento de lo mandado por el testador, y la devolución de lo percibido con sus frutos e intereses, si faltaren a esta obligación».
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