26.11.2025.- Laura Cornejo escribe en eldiario.es el juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid investiga si dos directores generales de la Junta de Castilla y León incurrieron en un delito de prevaricación por omisión por no actuar contra emisoras de radio “ilegales” en Castilla y León. La querella parte del conocido periodista, antaño vinculado al Grupo Cope, José Antonio Abellán.
Según relata en la querella a la que ha tenido acceso elDiario.es, “durante más de cinco años” Abellán ha denunciado “reiteradamente” ante la Administración que un número determinado de “emisoras ilegales” del Grupo COPE emiten en Castilla y León “sin ningún tipo de licencia”.
El locutor asegura haber aportado “pruebas evidentes” y haber advertido “del uso de dinero público en esas emisoras” y que la Junta de Castilla y León, a través de dos directores generales sucesivos, “no ha hecho absolutamente nada” ya que no sólo no ha investigado, sino que tampoco le ha respondido. Según Abellán, la inacción de la Junta responde “a un evidente interés mediático de la propia Administración autonómica, para proteger a determinados grupos afines, sacrificando la legalidad, la competencia leal y la libertad informativa”. Para él, “no investigar hechos tan graves, estando obligado a ello por la ley, constituye una forma flagrante de prevaricación omisiva, puesto que se elige deliberadamente no aplicar la norma cuando afecta a los afines, dejando al margen del sistema a quienes si respetan las reglas”.
De la situación de las emisoras “ilegales”, informó por primera vez el 15 de junio de 2020, a través de un email con acuse de recibo a la entonces directora general de comunicaciones, E. A. En él, no sólo le hablaba de 13 emisoras ilegales, sino que pedía el cese inmediato de las emisiones amparándose en la legalidad vigente, y que se aplicasen las sanciones previstas. Además, ese mismo día presentó un escrito en la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, dirigido a la directora general que incluía el cuadro de emisoras ilegales. E. A. nunca contestó, según el periodista. Sin embargo tuvo que dar explicaciones poco después, en el marco de una querella por injurias y calumnias del secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, contra Abellán.
El juzgado de lo Penal 1 de Ávila absolvió al periodista, pero durante la instrucción de la causa su defensa reclamó al juzgado que pidiese a la Junta explicaciones sobre las emisoras ilegales, en concreto copia del expediente administrativo que se hubiese abierto como consecuencia de la denuncia de José Antonio Abellán. E. A. sí contestó por escrito al juzgado, el 30 de septiembre de 2021, explicando que en junio de 2020 se había abierto “un periodo de actuaciones previas” y que, 16 meses después, no había concluido por lo que no había llegado a abrirse o tramitarse ningún procedimiento o expediente administrativo. Precisaba que era necesario identificar a personas responsables y circunstancias de cada caso, y que de ello se encargaría el Servicio de Medios Audiovisuales y Régimen Jurídico de la Dirección General de Telecomunicaciones auxiliado por funcionarios del cuerpo de ingenieros superiores de la Junta de Castilla y León.
Ocho meses después de ese escrito, Abellán volvió a enviar un escrito a la Dirección General de Telecomunicaciones y supo que E. A. había sido sustituida por A. I., a quien Abellán mandó un burofax en junio de 2022 para conocer qué había ocurrido con su denuncia, incidiendo en que las comprobaciones se hacían en poco tiempo, no más de 48 horas.
A. I. tampoco contestó, según el periodista. El último escrito de Abellán es de abril de 2025, reiterando las denuncias anteriores y explicando, en lo que tenía que ver con la Conferencia Episcopal Española, que las emisoras ilegales, piratas, que emitían sin título habilitante alguno, alcanzaban las 46 en Castilla y León.
Abellán optó por querellarse por un presunto delito de prevaricación por omisión contra los dos directores generales que, asegura, nunca respondieron a sus escritos. El juzgado, en auto de 24 de octubre, ha admitido a trámite la demanda, incoa diligencias previas y ha citado a declarar a Abellán en febrero de 2026.
Este diario pidió explicaciones a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que respondió que los hechos denunciados comenzaron a estudiarse “antes” del pasado verano, y desconociendo lo ocurrido con las “actuaciones previas” que se pusieron en marcha en 2020.
Por otro lado, desde Cope, se aseguró que no conocen la querella y no pueden pronunciarse.
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