Crónica Global informa que la radio y la televisión públicas catalanas le costaron a los contribuyentes 240 millones de euros en el anterior presupuesto, y la CCMA reclama todavía 52,4 millones más para 2022
Los medios de comunicación públicos en manos de la Generalitat se han convertido en los últimos años, además de en una de las principales herramientas propagandísticas del secesionismo, en un auténtico pozo sin fondo para los contribuyentes catalanes. Incluso en épocas de grave crisis económica como la actual, sus presupuestos van en aumento y sus dirigentes todavía reclaman más dinero. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, reclama ahora un incremento de 52,4 millones de euros más en el anteproyecto de sus cuentas para 2022, que ya ha sido entregado al Govern.
Así lo reconoció la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, durante la comisión de control del Parlament celebrada este viernes. La dirigente, afín a JxCat, llegó a afirmar que este enésimo incremento supone el «mínimo que se necesita», y que una parte importante del mismo se destinaría la producción audiovisual independiente, con la voluntad de ser, según dijo, el «motor» del audiovisual catalán.
En el anterior presupuesto aprobado, el coste de TV3 y Catalunya Ràdio para las arcas públicas catalanas ascendió a 240,1 millones de euros –dos millones más que en 2019–, mientras que en el nuevo anteproyecto se elevaría hasta 292,5 millones. Una cifra astronómica que, según Llorach, «no está negociado», sino que es la solicitud que le plantean al Govern.
Falta de pluralismo y neutralidad
La comisión de control, por otra parte, también abordó el reciente acuerdo del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) –que esta misma semana admitió el sesgo secesionista de los documentales de TV3–, y que insta a la corporación a que los resportajes de autor o de tesis sobre la relación política entre Cataluña y el resto de España «respondan a más de un punto de vista y ofrezcan los diversos posicionamientos» de la sociedad catalana.
Ante las preguntas del PSC, Llorach dijo que leerá «cuidadosamente» el acuerdo, aunque trató de menospreciarlo recordando la postura contraria del presidente del CAC, Roger Loppacher –también afín a JxCat–, al mismo.
Censura a la AEB
Cs y PP, por su parte, pidieron al director de TV3, Vicent Sanchis, derecho a réplica para la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), después de que la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Gemma Geis, insultara a esta entidad defensora del bilingüismo en el sistema educativo calificándola de «fascista».
Sanchis intentó justificarse diciendo que no tienen «responsabilidad de las declaraciones de nadie», y que ha recibido una carta de dicha asociación –que ha reclamado, por ahora sin éxito, su derecho a réplica–, y que la está estudiando.
Un condenado por la justicia como tertuliano
PP y Vox, por su parte, reprocharon al director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, el fichaje del activista secesionista Marcel Vivet –condenado por desórdenes y atentado a un mosso en la protesta contra el sindicato Jusapol en 2018– como tertuliano habitual del magazine matinal El matí de Catalunya Ràdio.
Gordillo les replicó aduciendo que los directores de cada programa eligen los colaboradores si les consideran interesantes, y luego se eleva su contratación. «La gracia es que la pluralidad sea lo más amplia posible», agregó sin reparo el máximo dirigente de la cadena, donde las voces no secesionistas brillan por su escasez.
Por su parte, JxCat se quejó del, a su juicio, excesivo uso de la lengua castellana en TV3, a pesar de que este idioma cooficial, es prácticamente residual en la cadena, que es monolingüe en catalán.
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