Las dos últimas alcaldesas de Barberà del Valles investigadas por irregularidades en las subvenciones a Ràdio Barberà

Ana Del Frago

Jordi Ribalaygue desde El Mundo ha contado como el ‘caso Galena’ implica a las dos últimas alcaldesas de Barberà del Vallés por presunta malversación y prevaricación.
El Juzgado de Instrucción 8 de Cerdanyola del Vallès investiga si cargos del Ayuntamiento de Barberà de Vallès provocaron que se malversara presuntamente 1.015.190,02 euros con subvenciones fraudulentas entre 1996 y 2016 a la asociación encargada de la radio local. Según el denominado caso Galena, se le retribuyó sin ser escogida en concurso público y sin mediar un contrato. Informes de los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía de Sabadell apuntan a que «no existió ningún sistema de control» sobre el destino de dinero público.
Un atestado agrega que «las dos personas que coordinaban y dirigían la radio eran muy próximas al Partido Socialista», por lo que intuye un presunto «interés en no sacar a oferta pública el servicio de radio» para que trabajadores del Consistorio que los agentes definen de «afines» al PSC facilitaran «controlar el contenido y la línea editorial». En la causa se investiga a Ana del Frago, alcaldesa socialista entre 2003 y 2015.

Junto a otras cuatro personas, se detuvo unas horas en febrero a Del Frago, escogida para encabezar al PSC en Barberà el 26-M. Al verse implicada, se la apartó de la lista; el PSC ganó por estrecho margen y tiene cerca recuperar el mando en la localidad mañana. A Del Frago se le imputan presunta malversación y prevaricación.
Los mismos supuestos ilícitos se atribuyen a quien fuera directora del medio y actual jefa del gabinete de Alcaldía y la interventora municipal. El juzgado solicitó una fianza de más de un millón de euros a la ex alcaldesa y las dos trabajadoras.
También se investiga a Silvia Fuster, alcaldesa desde 2015, cuando rompió 22 años de hegemonía socialista. Fuster siguió firmando transferencias alrededor de un año hasta que las paralizó al detectarse irregularidades, después de que un trabajador de la cadena avisara que el personal no estaba dado de alta en la Seguridad Social. Las pesquisas sostienen que se remuneraba «mediante sueldos en B sin declarar» a los empleados de la Associació d’Amics de Ràdio Barberà, disuelta al frenarse las ayudas y que la policía define de «instrumento del Ayuntamiento para contratar trabajadores incumpliendo la ley».
De acuerdo a un auto, la agrupación recibió 643.879,50 euros entre 1996 y 2008 «a través de subvenciones irregulares», acordadas en convenios anuales. Un informe de intervención conllevó que se cambiara el método de pago, al alertarse que la entidad no acreditaba los gastos que el Ayuntamiento financiaba. A partir de 2009, se le siguió confiando la radio «sin seguir procedimiento alguno de contratación pública». Hasta 2016, emitió facturas mensuales por las que ingresó 371.310,55 euros.

Además, la gestora defraudó 71.173,53 euros de IVA y cobró trabajos en agosto sin haber programación, mediante supuestas facturas falsas que incriminan al presidente y el tesorero de la entidad, también escrutados por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y apropiación indebida. Tres personas vinculadas a la asociación percibieron cuantías procedentes de las subvenciones, que los Mossos califican de «sobresueldo» aparte de su salario como personal del Ayuntamiento.
Uno de los supuestos beneficiados fue el coordinador de la emisora, un militante socialista fallecido en 2018. Ganó 46.700 euros en tres años al margen del sueldo, una cantidad «desproporcionada respecto a otros trabajadores», dicen los Mossos. Se embolsó más del 40% del auxilio de 2014 y 2015.
Fiscalía indagó a partir de una denuncia de los dos concejales de Podem. La formación defiende en un comunicado que «la gravedad de los delitos» debe propiciar «un gobierno alternativo al PSC», por lo que apremia a la Plataforma Ciutadana de Barberà y ERC a reeditar el pacto que desplazó a los socialistas en 2015.

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