La ACR insta al Ayuntamiento de Barcelona a retirar antenas de las emisoras sin licencia

Carmelo

La Asociación Catalana de Radio (ACR) ha instado este miércoles 24/4 al Ayuntamiento de Barcelona a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en julio de 2018 le obligó a «precintar las emisoras de radio ilegales y derribar las obras e instalaciones desde las que emiten».
La sentencia del TSJC, firme al no haber sido recurrida por la administración, obliga al Ayuntamiento a abrir expedientes a todas las fincas con instalaciones ilegales de servicios de radio y televisión, la mayoría instaladas en la zona del Carmel.
La resolución fijaba en seis meses el plazo para retirar las antenas ilegales desde la orden de cese, aunque el presidente de la ACR, Miquel Miralles, ha asegurado que «aún están a la espera de que el Ayuntamiento cumpla con la sentencia».

Miquel Miralles ha afirmado que «estas emisoras clandestinas no solo emiten sin tener una concesión, sino también sin licencias de obras y ambientales», y ha añadido que «la radiofrecuencia que emiten es muy nociva porque no se adaptan a las exigencias medioambientales marcadas por ley, que sí cumplen las legales».
El presidente de la ACR, asociación que integra la totalidad de cadenas y emisoras de radio comerciales privadas que operan en Catalunya, ha asegurado que «han detectado más de 120 frecuencias ocupadas ilegalmente en Catalunya».
En referencia a la situación de la zona del Carmel, Miralles ha afirmado que «los que no tienen acceso a los centros desde donde emitimos las radios legales -la Torre de Collserola, en Barcelona- alquilan espacios en la parte más alta del Carmel para montar auténticas torres de telecomunicaciones».

El presidente de la ACR ha asegurado que las radios ilegales «nos cuestan 2.000.000 euros al año a nivel comercial» ya que, según ha afirmado, «facturan en negro» y practican una «competencia desleal evidente».
Según la ACR, la sentencia definitiva del TSJC «crea jurisprudencia y podrá ser utilizada para reclamar a otros ayuntamientos que actúen en estos casos», en el marco de sus competencias en el control de la actividad de radiodifusión privada.
La ACR también lleva años denunciando ante el Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC) a emisoras que utilizan ilegalmente frecuencias de titularidad municipal y en el año 2010 consiguió cerrar varias emisoras en los municipios de Girona, Santa Cristina d’Aro y Castellvell del Camp.

En este sentido, Miralles ha manifestado que «estas emisoras piratas ofrecen a los ayuntamientos que no utilizan la frecuencia de radio municipal explotarla por ellos» y ha denunciado que «las emisoras municipales, que deben ser públicas y explotadas por la Administración, acaban siendo privadas».
El presidente de la ACR ha asegurado que «por la vía administrativa es muy difícil que, por ejemplo, la Generalitat pueda actuar» ya que «hace una inspección y salen en otra parte» y además, ha afirmado que «estas emisoras tienen abogados que aprovechan vacíos legales, como el derecho a la libertad de expresión».
Según la ACR, «entre las emisoras ilegales denunciadas y que siguen emitiendo se encuentran RKB, Vaughan Radio, Loca FM, XTRA FM, Mega o Radio Pomar».

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