Elpais.com publica que la jueza ordena que la trabajadora querellante declare “acompañada por la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima y mediante el sistema de videoconferencia”.
El largo conflicto laboral que se libra en el seno de la CRTVG (Corporación de Radio e Televisión de Galicia) sube de temperatura y regresa a los juzgados con la querella presentada por una trabajadora.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, Ana López-Suevos, ha citado a declarar a la presunta víctima y ha notificado a ocho cargos de la directiva para que designen un abogado como investigados “por la posible comisión de un delito de acoso moral y de un delito contra los derechos de los trabajadores”.
Entre los querellados está el propio director general de la compañía pública, Alfonso Sánchez Izquierdo, en el cargo desde 2009, cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta.
Sánchez Izquierdo, que lleva 14 años en el cargo, también ha sido presidente de la Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) en 2009, 2015 y 2021.
Junto a él, según avanza en su escrito con fecha del 29 de mayo, la jueza que ha abierto diligencias previas, serán citados a declarar en calidad de investigados otro siete responsables: el director del Área de Innovación y Negocio; el jefe de servicio de Planificación Informativa; la jefa de Xestión Operativa de Programas da Radio Galega; la coordinadora de personal de la radio; la jefa de Seguridad y Salud y de Relaciones Laborales de la CRTVG; la directora de Recursos Humanos y el responsable de Seguridad y Salud Laboral de la corporación.
La presunta víctima de acoso laboral está citada para testificar el próximo 28 de septiembre. La jueza ordena que, “para evitar su victimización secundaria”, “la perjudicada declare acompañada por la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima mediante el sistema de videoconferencia”.
También acuerda librar oficio al Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) para que el equipo psicosocial “emita informe acerca de si la querellante presenta daño psíquico compatible con los hechos denunciados”.
La fecha de la declaración en calidad de investigados será fijada después de que preste testimonio esta denunciante por la vía penal.
En su auto, la jueza ordena, por último, solicitar documentación a la CRTVG y “todos los expedientes tramitados” a la Valedora do Pobo con relación al caso de esta trabajadora, que antes de llegar al juzgado buscó amparo en esta institución autonómica, equivalente al Defensor del Pueblo en España.
Fue allí, en la oficina de la Valedora, donde, según explica una persona próxima a la presunta víctima, en el año 2020 le recomendaron acudir a los tribunales por lo “denso” de la situación denunciada en su queja. El caso también fue tratado por la Comisión de Acoso de la propia CRTVG, pero, según esta fuente, la mitad de sus integrantes, “representantes de la empresa”, “no lo vieron”. La supuesta situación de acoso, materia de la querella presentada por la empleada, se habría producido a lo largo de los años y después de que la profesional, que durante un tiempo trabajó en Radio Nacional y que en la Radio Galega ejercía sus labores en el departamento comercial desde 2004, fuese trasladada en 2018 a Informativos.
Según el relato de la misma fuente, a la trabajadora se la “cambiaba de turno continuamente” o se le “negaban los días de asuntos propios”, hasta el punto de recibir una sanción en febrero, cuando tuvo que viajar a otra localidad gallega desde Santiago para atender a su padre enfermo, en el momento en que este precisó ingresar en una residencia de ancianos.
El País no ha tenido acceso al grueso de la querella, pero sí al auto judicial que la jueza ha ordenado notificar a los querellados y a la corporación de radio y televisión autonómica.
Un portavoz oficial de la CRTVG asegura a este periódico que este documento judicial todavía no había llegado a sus destinatarios este lunes al mediodía y que, por lo tanto, oficialmente no tienen constancia.
A la espera de recibir las correspondientes notificaciones y a la vista de lo que ha trascendido en medios de comunicación, el mismo portavoz de la corporación pública comenta que se trata de “una réplica de acciones previas ya juzgadas”, aunque estas otras fueron por la vía civil.
“La secuencia de los hechos es la siguiente”, describe la CRTVG: “En el año 2018, este trabajador [esta trabajadora] presentó una denuncia ante el Juzgado de lo Social por un cambio de ubicación de puesto de trabajo, cuyo fallo fue favorable a la corporación.
La sentencia es firme”. “En el año 2019, este mismo trabajador presentó una queja ante la Valedora do Pobo, quien determina que esa institución no es competente para valorar los hechos”, prosigue la respuesta oficial enviada por correo electrónico.
“En el año 2020, este trabajador presentó una denuncia contra directivos de la CRTVG ante el Juzgado de lo Social por vulneración de derechos fundamentales”.
La sentencia, dictada ese mismo año, “desestimó íntegramente todas las pretensiones” y fue “ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2021″.
“A nivel interno se abrieron dos procedimientos para activación del protocolo de prevención contra el acoso por denuncias” de la funcionaria”, añade la corporación: “Las comisiones están formadas por dos miembros de la empresa y dos de la parte social”.
“En ninguna se concluyó que existiesen indicios de conductas compatibles con supuestos de acoso laboral”, zanja la nota de la CRTVG, que considera que la actual querella radica en “hechos ya juzgados y desestimados íntegramente en sendas resoluciones judiciales firmes”.
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