Un exasesor del Ayuntamiento de Pinoso aceptó ayer una pena de seis meses de prisión por malversar 3.900 euros de dinero procedentes de publicidad en los medios públicos. El juicio se cerró ayer con una conformidad en la Audiencia de Alicante, en la que el acusado admitió los hechos y se comprometió a la devolución del dinero en dos semanas. La vista apenas duró cinco minutos, pero las partes estuvieron esperando durante más de una hora a que acudieran los representantes del Ayuntamiento de Pinoso para dar el visto bueno a los términos del acuerdo. El acusado aceptó los términos que exponían en el escrito de acusación.
Los hechos ocurrieron entre junio de 2012 y julio de 2013 mientras el acusado trabajaba en el Ayuntamiento de Pinoso como personal laboral en funciones de responsable del servicio de medios de comunicación.
Según el escrito de acusación aceptado por el procesado, durante ese tiempo fue el encargado de gestionar los servicios de publicidad en los medios de comunicación municipales, celebrando contratos con comerciantes y empresarios para publicitarlos en la radio pública municipal. La Fiscalía consideraba que con propósito de enriquecimiento ilícito no documentó por escrito estos contratos, por lo que no quedaba constancia documental de su existencia.
El acusado recibía el dinero en metálico, sin justificante, ni recibo y no era ingresado en las cuentas municipales habilitadas para ello. La Fiscalía consideraba que el Ayuntamiento sí que llegó a prestar el servicio a los clientes que contrataron sus anuncios en la radio, por lo que ninguno de ellos reclamaba cantidad alguna.
Inicialmente, antes del juicio, la corporación cifraba en 7.662 euros el perjuicio sufrido, cantidad que se rebajó a 3.900 euros tras la conformidad negociada ayer. El acusado aceptó el escrito de acusación de la Fiscalía y se comprometió al pago en un plazo de dos semanas.
En la vista oral, tuvo que declarar el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, para dar el visto bueno a la cantidad negociada en el acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público.
Tras el acuerdo alcanzado, la sala dictó una sentencia in voce que ya es firme, al haber renunciado todas las partes a interponer recurso alguno. La sala le suspendió la pena de seis de cárcel, por lo que no tendrá que ingresar en prisión a cambio de no delinquir durante los próximos tres años. Desde la sala se le advirtió de que en el caso de cometer alguna nueva infracción tendría que ingresar en prisión. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial le ha impuesto además un año de inhabilitación para ejercer cargo público alguno.
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