En elperiodic.com leemos que Carles Mulet se pregunta por la dejación de funciones del Gobierno y CCAA de sus potestades sancionadoras y en defensa del espectro, “algo vergonzoso”
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha formulado distintas preguntas al Gobierno ante la creación a partir de frecuencias pirata de una cadena de radio de ideología ultra en Murcia, Málaga, València, Granada y Madrid.
En sus preguntas el senador interpela al Gobierno por los errores que se han cometido y qué elementos han fallado en su detección, asi como conocer por qué se ha permitido que comiencen a transmitir e información detallada sobre las actuaciones que se lleven a cabo para su cierre y las sanciones que se impongan al titular. “Los negocios entorno a la unidad de España, los valores cristianos y la vida deben cumplir con los mismos requisitos que el resto de empresas”, señala Mulet, que recuerda que la Ley General de Telecomunicaciones en su régimen sancionador prevé la imposición de una multa al infractor de hasta dos millones de euros por cada una de las emisiones en Murcia 88,5 MHz, Málaga 89,6 MHz, Valencia 97,9 MHz, Granada 98,8 MHz, Corredor del Henares 104,7 MHz y Madrid 102,1 MHz.
“¿Quién nos iba a decir que este gobierno progresista iba a permitir que sucedan estas cosas y a fomentar las emisoras piratas y por otro lado impide el desarrollo de la radio digital, legal y moderna en España?”, añade.
La coalición señala que, consultado el Registro Público de Concesionarios, no existen concesionarios que utilicen estas frecuencias con el agravante de interferir en la comunidad de Madrid de las emisiones en el 104.9 Mhz de Radio Nacional en una zona de gran cobertura que supera ampliamente la comunidad de Madrid y se ha preguntado “dónde está la Administración, es decir tanto la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales como la madrileña, que hacen dejación de sus funciones de gestión y control del dominio público radioeléctrico de la banda de la FM. Las emisiones ilegales no sólo pueden provocar emisiones perjudiciales a concesionarios que operan dentro de la legalidad, sino que sus titulares defraudan al Estado al no satisfacer, entre otras, las preceptivas tasas de ocupación de dominio público radioeléctrico. Si no se persigue el fraude existiendo legislación para ello, ¿qué mueve a la Administración a permanecer de brazos cruzados?”, se ha preguntado.
Mulet recuerda que “todo el mundo es consciente que si circula a 200 km/h se enfrenta a delitos graves. El de interferir en frecuencia ilegal, actividad muy grave, tiene sanciones de hasta 20 millones de euros y penas de inhabilitación en la Ley, pero la Administración es la primera en permitirlo y a la vez fomentarlo”, ha dicho “pero no vamos a quedarnos impasibles ante el descontrol de las leyes y de ideologías agresivas de este tipo”, concluye.
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