Canal Maestrat SL obtiene la autorización para arrendar tres frecuencias en la Provincia de Castellón



Francis Puig

A. Rallo desde Las Provincias comenta que la complicada situación judicial que atraviesan los empresarios de Castellón Juan y Enrique Adell Bover no les ha impedido seguir obteniendo la explotación de licencias de radio. Los socios de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acaban de lograr los permisos para emitir en La Vall d’Uixó (93.6), Benicarló (106.2) y Vinaroz (98.2), según recogen dos resoluciones del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

La publicación se produce el último día laborable del año y la misma jornada en la que se hace público el informe de la Sindicatura, que concentra gran atención mediática. Las licencias se logran a través de una de las mercantiles de cabecera del entramado financiero, Canal Maestrat S.L. Estas autorizaciones cuentan previamente con el visto bueno de la Secretaría de Estado para el Avance Digital.

El negocio de los hermanos Bover sigue, de esta forma, adelante pese a las graves sospechas de irregularidades. Estas sin embargo no han derivado hasta la fecha en una condena judicial ni siquiera sanción administrativa, lo que les permite seguir obteniendo recursos de la Administración. De hecho, las sociedades no están afectadas por prohibiciones para contratar, uno de los requisitos que marca la normativa como posible freno para lograr este tipo de licencias.

Mientras, en el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia siguen practicando diligencias para aclarar las subvenciones que recibieron para el fomento del valenciano. Las pesquisas se encuentran todavía en una fase embrionaria a la espera de completar toda una serie de diligencias solicitadas por la Fiscalía. Entre ellas, el rastreo de todas las sociedades en manos de los empresarios, así como las subvenciones que recibieron desde otras autonomías.

Este es quizá el hecho más grave por las posibles consecuencias para los empresarios y el hermano de Ximo Puig. Anticorrupción ya ha asumido el caso al estar un alto cargo, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, entre los investigados en la trama. Las empresas de cabecera del familiar del presidente son Mas Mut Produccions y Comunicació dels Ports. Este grupo mediático ha recibido desde la llegada del Consell del Botánico importantes ayudas públicas desde los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Aragón y Cataluña. Desde 2015 hasta ahora, las dos firmas han ingresado sólo de la Generalitat valenciana 520.184 euros en ayudas para distintos programas. Del total, 369.390 euros corresponden a ayudas para el fomento del valenciano. Existen indicios de que estas mercantiles, junto a las de Adell Bover, cruzaron facturas por servicios ficticios con el objetivo de justificar la necesidad de esas subvenciones. En algunos casos, se llegaron a duplicar nóminas de trabajadores, según ha trasladado una de las denunciantes del caso que ya ha colaborado con la fiscalía. Además de que las empresas de Puig, según el PP, falsearon parte de la documentación al declarar que no habían recibido otro tipo de ingresos públicos para estos objetivos cuando la realidad era al contrario.
Pacto de precios

No es este el único asunto en el que las sociedades del entramado han sido sorprendidas con prácticas poco ejemplares. Otro de los capítulos menos afortunados es el de un pacto para obtener una adjudicación en À Punt. Respecto a esta última cuestión, Economía mantiene abierto un expediente sancionador para determinar si las firmas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, y las de los hermanos Adell Bover pactaron precios para repartirse varios lotes de corresponsalías de la televisión pública. La maniobra fue sencilla. Las tres productoras pujaron con el precio más bajo a cada uno de los lotes y las otras dos siempre competían por encima. De esta manera, el cártel se aseguraba un mínimo de tres contratos.

La ristra de problemas para el trío se completa con el expediente abierto por la conselleria de Educación en el que reclaman la devolución de unos 200.000 euros por ayudas concedidas a estas mercantiles desde el departamento que dirige Vicent Marzà.

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