El Ayuntamiento de Barcelona abrió siete expedientes de protección de la legalidad urbanística en siete parcelas por instalaciones para emitir radio y televisión entre octubre y noviembre de 2018, tras inspecciones en un total de 22 antenas.
Lo han explicado fuentes municipales después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha obligado en una sentencia hecha pública este miércoles 25/4 a expedientar las instalaciones ilegales de telecomunicaciones de la zona del Carmel, tras una denuncia de la Associació Catalana de Ràdio (ARC).
El consistorio ha detallado que ya se ha notificado a todos los interesados las órdenes de cese y «ya se entra en fase de precinto en aquellos casos en que, una vez comprobado a través de la correspondiente inspección, no se haya cumplido la orden».
En relación a las antenas, las mismas fuentes han recordado que el Ayuntamiento tiene competencias en relación a su ordenación urbanística, mientras que en cuestiones como los niveles de radiación electromagnética y de la regulación del espectro, la competencia es del Estado y, parcialmente, de la Generalitat.
«Desde el inicio del mandato el Gobierno municipal ha mantenido distintas reuniones con los vecinos y todas las partes afectadas para avanzar hacia la regulación de la situación e impulsar acciones para retirar las antenas ilegales», y ha insistido en que el Ayuntamiento busca la acción coordinada entre las tres administraciones.
En 2018 el consistorio inspeccionó las 22 antenas que constaban en el Turó de la Rovira para comprobar su situación, un trabajo que se suma al recurso contencioso-administrativo que presentó la ARC que resuelve que el Ayuntamiento debe incoar en un máximo de seis meses un expediente de protección de la legalidad urbanística y de actividades.
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