Elplural.com publica que la sentencia se conoció a finales de 2021. Es histórica por lo que supone y porque da más visibilidad a un movimiento de protesta que hoy cumple 193 semanas.
El protagonista, muy a su pesar, es el locutor Carlos Jiménez. Tras haber sido sancionado tres años antes por parte de la dirección de la CRTVG por razones peregrinas en un proceso en el que, en un primer momento, junto a él estaba una compañera, hace apenas un mes disfrutó de la sentencia de un Juzgado de lo Social de Santiago que le daba la razón y echaba por tierra el procedimiento sancionador de los responsables de la Corporación pública de medios que depende de la Xunta de Galicia.
- Ese es el número de Venres negros (Viernes negros) activos desde que los trabajadores de Televisión de Galicia y Radio Galega pusieron en marcha esta iniciativa para denunciar la “manipulación” informativa, el “desmantelamiento de los medios públicos” y lo que consideran “dificultades crecientes” para el desarrollo de su labor siguiendo parámetros verdaderamente “profesionales”.
Como media de protesta, todos los viernes se visten de negro y, desde hace un tiempo, se sirven del hashtag #DefendeAGalega para tener mayor presencia y repercusión en redes sociales. Jiménez forma parte de este movimiento.
Hoy se cumple el Venres negro 193 desde que se puso en marcha la iniciativa y esa acción ha llegado a sede parlamentaria por la sentencia contra la Corporación de Radio y Televisión de Galicia. La diputada socialista Noa díaz ha pedido explicaciones y exigido responsabilidades al máximo responsable de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, director general del ente.
La sentencia condena a la Corporación por “vulnerar los derechos fundamentales de un trabajador por participar en las movilizaciones de los Venres Negros”, tal y como han recordado los socialistas.
Díaz ha asegurado que el fallo “es el triunfo de la lucha contra la manipulación informativa” que, según ha afirmado, se da en el ente público. La parlamentaria del PSdeG también ha censurado lo que ha calificado como “represalias” contra un periodista por exigir “pluralidad e imparcialidad informativa en los medios públicos”.
A su juicio, esta resolución no es más que la ratificación de lo que la plantilla de la radio y televisión públicas gallegas denuncian desde hace tres años. Por ello, esta condena al ente es también a su dirección y se trata de una “barbaridad” que debería tener “consecuencias una vez que los hechos han sido probados”. La conclusión, para la Noa Díaz es clara porque no tiene ningún sentido que en un medio público “se tomen represalias contra un trabajador por ejercer su libertad de expresión”.
Sentencia «histórica»
Más contundente ha sido la diputada del Bloque Nacionalista Galego, Alexandra Fernández, quien directamente ha pedido la dimisión del director general de la CRTVG argumentando que la citada sentencia condenatoria contra la compañía pública por represalias a un trabajador es “histórica, porque es la segunda” de este tipo que se da en todo el Estado.
Ante el propio Alfonso Sánchez Izquierdo y en el marco de la Comisión de Control de la Corporación celebrada este viernes en la cámara gallega, Fernández le ha preguntado al alto cargo de la Xunta si “¿a va usted a dimitir de su cargo para que la Corporación salvaguarde su imagen?”, insistiendo en reclamarle una disculpa hacia el trabajador al que ahora la justicia ha dado la razón y, a su vez, le ha exigido que “ponga su cargo a disposición”.
Del mismo modo, la diputada nacionalista le ha reclamado que el ente retire el recurso presentado contra la resolución.
La actual dirección de la CRTVG se ha visto envuelta en polémicas en más de una ocasión, sobre todo por el sesgo de las informaciones relacionadas con el Gobierno de la Xunta de Galicia. Esto sucedió, por ejemplo, con el seguimiento de la ola de incendios ocurrida en 2017, la escasa cobertura del caso Gürtel o por las medidas adoptadas contra algún profesional por denunciar la manipulación informativa.
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