4.11.2025.- El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de Ley del Estatuto del Becario, después de que el Ministerio de Trabajo cerrara en 2023 un acuerdo con CCOO y UGT, con la oposición de CEOE y Cepyme, pero que finalmente no vio la luz por discrepancias de la parte socialista del Gobierno de coalición y por el adelanto electoral de las elecciones generales al 23 de julio de ese año por parte del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Así lo confirmaron fuentes gubernamentales a Servimedia, de manera que la norma se aprobará en primera vuelta, para volver al Consejo de Ministros después, como proyecto de ley y así pasar a continuación al trámite parlamentario, donde el Gobierno tendrá que buscar apoyos suficientes en un contexto en el que Junts ha roto con el PSOE y que ya tumbó en septiembre junto a PP y Vox la reducción de jornada.
La norma contiene medidas encaminadas a limitar el número de personas en práctica que pueden tener las empresas u organizaciones en función del tamaño de su plantilla, al tiempo que refuerza la protección de los derechos de los miembros de la organización en práctica para luchar contra la figura de los ‘falsos becarios’. Para ello, aumenta las sanciones actuales e impide que, por ejemplo, puedan realizar trabajos en horarios especiales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió que se aprobaría el Estatuto del Becario en septiembre. Ante esa nueva demora, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, achacó el pasado octubre esta situación a la «programación» del Consejo de Ministros.
«Hay normas que ha habido que hacer de urgencia; sin ir más lejos, lo que ha tenido que ver con Gaza y el genocidio que ahí está ocurriendo. Y eso altera la programación del Consejo de Ministros, que suele tener un efecto cascada y, por lo tanto, yo entiendo que en pocas semanas o en el primer Consejo de Ministros que haya un hueco disponible, irá el Estatuto del Becario», afirmó Pérez Rey.
La norma cuenta con el apoyo de los sindicatos, el rechazo de la patronal y críticas de las universidades públicas por el temor de que se limiten las posibilidades de que los estudiantes puedan efectuar formación en prácticas.
Asimismo, en 2023, fuentes de la parte socialista del Gobierno manifestó que la legislación estaba todavía «verde», de manera que no se aprobó en la pasada legislatura. No obstante, el compromiso de aprobar este Estatuto fue incorporado por Sumar al acuerdo de coalición con el PSOE y ahora, tiempo después, la norma sale por fin del cajón en el que estaba guardada.
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